El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, ha expresado hoy su "sorpresa y perplejidad" por un citación esta tarde en el Juzgado de Ourense como imputado por supuestas irregularidades en relación con la edificación llevada a cabo en la plaza de San Antonio, y que fue avalada por diversos "informes técnicos y jurídicos".
En una comparecencia ante la prensa, el regidor explicó el procedimiento sobre la legalización de edificaciones existentes en la plaza, en algún caso tras el pago de una "pequeña indemnización".
"Se trata de un expediente del que me siento especialmente satisfecho porque se consiguió evitar la demolición de todas las edificaciones de la plaza de San Antonio, que supondría un coste de casi 40 millones de euros para el Ayuntamiento", comentó Fernández. La junta de gobierno, conformada en 2007 por la coalición PSOE-BNG, concedió licencia de obra, ocupación y aparcamiento en el subsuelo de dicha plaza.
El tema fue denunciado por la vía contencioso-administrativa y concluyó con una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que avaló la decisión municipal, según el alcalde. Tras diversas denuncias, el Ayuntamiento de Ourense acordó, en sendas juntas de gobierno en 2007 y 2009, legalizar viviendas y garajes e indemnizar a una vecina con una cuantía cercana a los 400.000 euros.
Fernández expresó su "respeto a la justicia" pero manifestó su "sorpresa por la imputación de toda la junta de gobierno local" en este proceso que cumple "la más estricta legalidad". El grupo Democracia Ourensana, que tiene dos concejales, inició el procedimiento, que prosiguió el entorno del promotor inmobiliario Bautista Rodríguez.
La denuncia surgió a raíz del pago de la indemnización a la particular que reclamaba por la pérdida de luces de un edificio en la calle Bedoya (sensiblemente inferior a los 40 millones que costaría la demolición) y posibilitaba la concesión de licencia para legalizar la urbanización y los garajes. De haber hecho frente a la demolición, Fernández apuntó que habría significado "la quiebra" del Ayuntamiento, por lo que el municipio procedió a legalizar la situación de los edificios.
En esta causa están imputados todos los integrantes de las juntas de gobierno local que tomaron las decisiones en relación a los edificios construidos en la plaza de San Antón. Esta tarde están citados a declarar, además del alcalde actual, el exalcalde Francisco Rodríguez, el exteniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal, la concejala de Educación, Ana Garrido, y el exconcejal Demetrio Espinosa. Mañana deberían comparecer ante la justicia la concejala Marga Martín y los exconcejales Andrés García Mata, Isabel Pérez y Marta Arribas.
