La huelga del transporte urbano convocada en la ciudad de Ourense para este martes ha arrancado con momentos de tensión, después de que los piquetes impidiesen la salida de algunos vehículos y las denuncias por parte del consistorio orensano de “sabotaje” de autobuses por parte de los manifestantes lo que impidió cumplir con los servicios mínimos fijados.
En concreto, el ayuntamiento orensano había establecido unos servicios mínimos del 52,8 por ciento en este comienzo de la huelga indefinida para garantizar la movilidad de los usuarios. No obstante, el gobierno orensano ha asegurado que no se pudieron cubrir “la totalidad de los servicios mínimos establecidos”.
El gobierno que preside Gonzalo Pérez Jácome ha denunciado que hubo “actos de sabotaje” a varios vehículos de la flota del servicio municipal que presentaban “daños” impidiendo así su circulación, arrancando el servicio “con sólo tres líneas en circulación” tal y como ha trasladado en un escrito.
“El ayuntamiento de Ourense lamenta las molestias que estos hechos puedan suponer a las personas que utilizan el servicio municipal de autobuses y urge a la concesionaria para que los servicios afectados se activen lo antes posible”, recoge en un comunicado.
Con todo, ha detallado que la empresa concesionaria “trabaja en la reparación” de los vehículos afectados con la finalidad de que puedan cumplir el servicio y que prevé que se puedan “restablecer en las próximas horas”.
La tensión en esta primera jornada de huelga se trasladó esta mañana a la Plaza Mayor, durante una protesta celebrada esta mañana a las puertas del consistorio orensano. En un vídeo difundido por La Voz de Galicia, se ve al alcalde orensano Gonzalo Pérez Jácome propinando un empujón a una sindicalista de CC.OO., lo que provocó la intervención de la Policía Local, evitando que el conflicto fuera a mayores.
Las diferencias entre patronal y comité de empresa en las negociaciones son evidentes ante la falta de acuerdo sobre el convenio laboral. Los sindicatos advierten de la falta de avance en las negociaciones.
Los sindicatos reclaman en este sentido cobrar por una jornada laboral de ocho horas al día, 40 horas a la semana, con horas extras negociadas; mientras que la empresa propone cobrar mensualmente según la línea que realicen, cambiando un sistema que funciona desde 1986 y que los trabajadores están "dispuestos a asumir pero sin que suponga una pérdida de salario".
La huelga afecta a 125 empleados de la concesión, de los que 96 son conductores mientras, el resto, administrativos, inspectores, mecánicos y lavacoches. En el caso de estos profesionales los servicios mínimos han quedado estipulados en el 50%.
