La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Áurea Elena Soto, ha sido imputada por presunta prevaricación urbanística y por supuesta malversación de caudales en relación con obras de la plaza de San Antonio, informaron hoy fuentes judiciales. El titular del Juzgado de instrucción número uno de Ourense, Leonardo Álvarez, le imputa además un presunto delito de prevaricación a su abogado, Carlos Hernández.
En el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso Efe, el juez indica que la concejala de Urbanismo "a sabiendas de la ilegalidad", aprobó dichas obras en terreno público, para evitar que el acuerdo fuese llevado a los tribunales. La junta de Gobierno local, conformada entonces por la coalición PSdeG-BNG, concedió licencia de obra, ocupación y aparcamiento en el subsuelo de dicha plaza.
Las obras, avaladas por "informes técnicos y jurídicos", fueron cuestionadas por lo que los integrantes de la junta de gobierno fueron citados a declarar tras diversas denuncias. El Ayuntamiento de Ourense acordó, en sendas juntas de gobierno en 2007 y 2009, legalizar viviendas y garajes e indemnizar a una vecina con una cuantía cercana a los 400.000 euros. Según el juez, la indemnización "por una simple pérdida de luces" es una cantidad "absolutamente desproporcionada" para evitar que la licencia de ocupación otorgada en diciembre de 2007 "vuelva a ser llevada ante los tribunales".
"Es evidente, a todas luces que conceder una indemnización que asciende a 358.828 por una simple pérdida de luces es excesiva e incluso descabellada", para "impedir" que una particular "dejase al descubierto la ilegalidad de su actuación", señala. Así, considera que la gestión de la responsable de Urbanismo es "injusta y perjudicial para el Ayuntamiento" además de que "no es de recibo el informe elaborado por el imputado Carlos Hernández sobre la posible titularidad mancomunada del suelo". La edila Áurea Soto y su abogado, Carlos Hernández, pidieron el año pasado el archivo de la causa por la plaza de San Antón, tras asegurar que había informes jurídicos y técnicos y sentencias judiciales firmes que avalan la inexistencia de conducta delictiva alguna.
Respecto al resto de la junta de Gobierno, el magistrado ha decretado su "sobreseimiento provisional y el archivo de la misma al no disponer este instructor de indicios suficientes para poder afirmar que tenía conocimiento de que el expediente presentado por la concejala de Urbanismo era manifiestamente contrario a la legalidad vigente". El auto, de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, apunta la existencia de indicios de delitos de prevaricación, por lo que aboga por continuar los trámites "por si los hechos imputados a Áurea Soto fuesen constitutivos de un delito continuado de prevaricación urbanística".
El juez da un plazo de "diez días" al fiscal y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación. La causa, iniciada en enero del 2013 a raíz de una denuncia de Democracia Ourensana, continuó el proceso con la hija del promotor Bautista Rodríguez.
Éste último, y su abogado, Antonio Feijoo, mantienen varios litigios abiertos contra el gobierno socialista, aunque se trata del primero que alcanza la fase de procedimiento abreviado. La imputación de Soto se produce tras haber sido reprobada esta misma mañana en la reunión plenaria de la Corporación municipal de Ourense, con los votos del PPdeG y DO.
