La Junta de personal del ayuntamiento de Ourense, conformada por siete sindicatos, entre los cuales están la CIG, CC.OO. y CSIF, ha denunciado este martes la situación insostenible que atraviesa el consistorio orensano por “el ataque continuo” del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, hacia sus funcionarios.
En una comparecencia de prensa celebrada esta mañana, el presidente de la junta de personal, José Manuel Rodríguez (CSIF), ha avanzado la celebración de movilizaciones a partir de este viernes, todos los viernes de mayo, por el descontento generalizado contra el regidor.
Así, este representante sindical ha trasladado el malestar de los funcionarios “por la imagen que trasciende del ayuntamiento” en los medios de comunicación y que ha atribuido a los “malos modos y también insultos” de Jácome hacia su propio personal.
Los trabajadores advierten de personal “enfadado porque no se le deja hacer su trabajo” e incluso sin funciones “para justificar el desmantelamiento” de servicios y la existencia de casos de "acoso laboral”.
Dentro de este “desmantelamiento progresivo”, los sindicatos se han referido a la situación de algunas áreas como cultura, voluntariado, xuventude, universidad popular y previsiblemente de la unidad de conductas adictivas y unidad de día, “todo ello con traslado de personal y vaciado de dependencias”.
En lo que respecta al control horario, Rodríguez ha subrayado que se trata de otra “patada en el aire” por parte del regidor tras recordar que este sistema fue aprobado “hace cuatro años en mesa general de negociación” pese al anuncio realizado por Jácome de su implantación a partir del 3 de mayo.
Frente a esta situación, la junta de personal ha reclamado el "cese inmediato" de los tres directores generales nombrados por Jácome (Recursos Humanos, Inteligencia Artificial y el “Messi da administración local", cuyos salarios suman "más de 250.000 euros brutos al año" y que esta cuantía se dedique a colectivos sociales.
Finalmente, ha cuestionado la situación del personal eventual que está realizando funciones que no son propias. Los sindicatos amenazan con trasladar esta situación a la Fiscalía para que investigue posibles irregularidades.
