miércoles 25/5/22

La CIG denuncia en Ourense a un cargo de la Xunta por "actitud prevaricadora"

La CIG de Ourense ha denunciado este martes ante la Fiscalía supuestas "irregularidades" por parte de la Consellería de Traballo e Benestar, en concreto por parte de su jefe territorial, José Selas, que podrían ser constitutivas, según esta central sindical, de "una actitud prevaricadora".

La CIG de Ourense ha denunciado este martes ante la Fiscalía supuestas "irregularidades" por parte de la Consellería de Traballo e Benestar, en concreto por parte de su jefe territorial, José Selas, que podrían ser constitutivas, según esta central sindical, de "una actitud prevaricadora".


En la documentación, esta central sindical habla de supuestos incumplimientos por parte de esta Consellería al no proceder a la restitución de puestos de trabajo de miembros de este sindicato con el fin de favorecer "en algunos casos, a entidades privadas y en otros casos, a personas concretas en contra de la normativa vigente".


"En la asignación de puesto de trabajo no se tiene en cuenta la base legal y en vez de darle a él el puesto se le concede a otra persona de forma ilegal y fraudulenta", ha detallado Blanco.


Según la CIG, la Administración no está restituyendo a los sindicalistas en sus puestos de trabajo como represalia directa por su actividad sindical.


En primer lugar, ha denunciado la situación un encargado de un centro de formación de Valverde de Allariz (Ourense), una persona que "no tiene ninguna vinculación contractual con la Xunta" y que el pasado mes de abril figuraba inscrito como autónomo en la Seguridad Social.


Además, la CIG ha asegurado que la Consellería está contratando a trabajadores externos en el Centro Integrado de Formación Profesional Santa María de Europa, un hecho avalado por varias sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cuando "expertos docentes" fueron apartados de la enseñanza.


Por este motivo, Blanco ha reclamado el "cese inmediato" del jefe territorial de la Xunta además de pedir que "se adopten las medidas legales correspondientes" ante las sospechas de que estas acciones pudiesen ser constitutivas de "un ilícito penal".


En dos sentencias del juzgado Contencioso Administrativo de Ourense, de 2013, el juzgado había dado la razón al sindicalista Alfonso Diz al no haberle sido restituida su plaza de trabajo y cuyo puesto le fue entregado a otra persona.


En este caso, el juzgado apreció posibles irregularidades de la administración por promocionar a una persona sin respetar las condiciones de "igualdad, mérito y capacidad", "que podría llegar a calificarse incluso de prevaricadora".


A este respecto, Alfonso Diz ha criticado la "actitud clientelar" del jefe territorial de la Xunta a quien ha acusado de "favorecer" a determinadas personas.  

La CIG denuncia en Ourense a un cargo de la Xunta por "actitud prevaricadora"
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