Una comisión de control analizará el resultado del examen para el acceso a una plaza temporal como trabajadora social en el Ayuntamiento de Verín, cuya prueba sólo fue superada por la hija de Gerardo Seoane, alcalde de Verín.
En un comunicado hecho público, el consistorio ha confirmado la convocatoria de la comisión este mismo miércoles, que estará integrada por sindicatos para revisar el proceso, "dado el resultado obtenido en el último proceso de selección para el empleo temporal de una trabajadora social del Servicio de dependencia municipal”.
Esta decisión se produce después de que la secretaria pidiese en el acta que se repita la prueba tras detectar un “resultado anómalo”.
La polémica saltó estos días después de conocerse que únicamente la hija del regidor socialista había superado la primera parte del examen, tras responder de forma correcta 38 de las cuarenta preguntas tipo test.
Para pasar a la siguiente fase del proceso, los aspirantes tenían que responder al menos a veinte preguntas correctas que puntuaban 0,5 cada una. Las respuestas erróneas restaban 0,5 puntos.
Sin embargo, la hija fue la única que superó ese primer obstáculo ya que la siguiente aspirante se quedó muy lejos, con solo un punto, lo que ha desatado las suspicacias de la CIG y del Partido Popular de la localidad.
En un comunicado remitido a los medios, el PP de Verín ha trasladado sus sospechas de un posible amaño en el resultado. Los populares cuestionan la política de contratación del gobierno municipal de Verín al entender que no cumple con “los principios de igualdad, mérito y capacidad” que deben regir en cualquier institución pública.
“Lo que ha ocurrido esta semana pasada en las pruebas para la contratación de una trabajadora social para el servicio de dependencia nos parece, por lo que expresa la secretaria municipal, una de las situaciones más graves que se han dado en este ayuntamiento en materia de personal”, esgrimen los populares, quienes acusan al gobierno municipal de “saltarse todos los procedimientos legales” en materia de contratación.
Por el momento, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha pedido que comparezcan todos los miembros del tribunal y que se suspenda de manera temporal el proceso selectivo “mientras no se esclarezca” la legalidad de la prueba.
El sindicato quiere conocer “quién elaboró y custodió” las pruebas y si es necesario repetir el examen.