El conflicto en torno a la metodología de enseñanza de una profesora de Matemáticas del IES As Lagoas, en Ourense, ha desencadenado una serie de movilizaciones enfrentadas entre familias y docentes. Mientras que los primeros denuncian una supuesta "mala praxis", el profesorado, con el respaldo de varios sindicatos, ha salido en defensa de la docente.
El desencuentro entre estudiantes y profesora no es nuevo, pero cobró fuerza tras la aparición de panfletos el pasado 24 de febrero en los alrededores del centro educativo y en redes sociales. Los carteles, con un diseño que simulaba una necrológica, reclamaban el "derecho a aprender matemáticas". Dos días después, el 26 de febrero, un grupo de padres y alumnos organizó una concentración frente al instituto para protestar. Estas movilizaciones se han mantenido desde entonces cada miércoles a las 11:00 de la mañana y está previsto que continúen.
Por su parte, la junta de personal del instituto, junto a sindicatos como la CIG y CCOO, ha expresado su respaldo a la profesora y ha convocado una manifestación en respuesta a las protestas de los familiares. La concentración del profesorado está programada para este miércoles a las 19:00 horas frente a la Delegación Territorial de la Consellería de Educación.
Acusaciones y defensa del profesorado
Desde el ámbito sindical se ha condenado la difusión de los panfletos, calificándolos como una estrategia de presión inaceptable. Además, se ha señalado que el conflicto podría haber tenido su origen en el desacuerdo de algunos padres con las calificaciones otorgadas a sus hijos. En este sentido, se recuerda que existen procedimientos reglamentarios para la revisión de notas y se rechazan las acciones de hostigamiento hacia el profesorado.
Algunos sindicatos han denunciado la supuesta participación de una madre que ejerce como funcionaria pública en la Policía Nacional, señalando que esta acudió a reuniones con uniforme, lo que interpretan como una forma de intimidación hacia el personal docente. Ante esta situación, se ha solicitado una intervención más activa por parte de la administración educativa para evitar lo que consideran un "linchamiento público".
