Un matrimonio acusado de haberse quedado con el dinero de la indemnización de un trabajador al que tenían contratado, procedente de la República Dominicana, ha negado hoy en el juicio celebrado en la Audiencia de Ourense que se hubiese quedado con los 8.000 euros que percibió de la Seguridad Social al asegurar que el dinero era para "salvar el negocio" después de un último año que fue, según dijo, "muy malo".
Por su parte, la víctima ha reconocido que se puso como arrendatario del negocio para intentar ayudarles porque "confiaba en ellos" pero acto seguido ha asegurado que se sintió "engañado" asegurando que no sabía que habían retirado el dinero de la cuenta bancaria.
Durante el juicio, la Fiscalía ha tratado de probar que, en diciembre de 2013, el matrimonio, que regentaba un negocio de hostelería, informó al empleado, R.D.S.U., una persona con "deficiente instrucción", de que "por dificultades de la empresa" tenía que dejar el trabajo y que le tramitaría en toda la documentación para que pudiera cobrar el paro.
Para ello, sostiene que ambos acusados, amparándose en la confianza que el trabajador tenía en ellos, abrieron una cuenta corriente a nombre de la mujer para percibir la prestación por desempleo en pago único para poder hacerse autónomo. Durante el juicio celebrado esta mañana, el acusado ha negado los hechos y ha asegurado que llegaron a "un acuerdo" con el trabajador para intentar "sacar el negocio adelante" para lo cual abrieron una cuenta, pero siempre "con conocimiento" del empleado.
"Toda la documentación estaba a su disposición", ha declarado el acusado. Por su parte, el empleado únicamente ha reconocido que firmó como arrendatario pero que no tenía conocimiento de las intenciones de la pareja. "Confiaba en ellos pero me engañaron", ha sostenido en el juicio.
En sus conclusiones, el fiscal ha rebajado la petición de pena inicial de casi tres años de cárcel a un año y seis meses, dado que los acusados han consignado la cuantía requerida de 8.000 euros mientras la acusación particular solicita cinco años. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución para los acusados tras asegurar que existió un acuerdo entre ellos con el objetivo de "salvar el negocio" por un interés mutuo de ambas partes y en base a la "situación económica desesperada" del matrimonio.
En todo momento, ha negado que la pareja intentase quedarse con el dinero de la indemnización asegurando que estaba a disposición de todos y que se cogió para pagar deudas y gastos relativos a la actividad empresarial. Por otra parte, ha manifestado "su asombro" por la petición de cinco años de cárcel, que solicita la acusación particular y la ha calificado de "desproporcionada" a tenor de la prueba practicada, y ha insistido en la libre absolución de los acusados.
