Hasta 26 personas han sido denunciadas por la Policía Local de Pontevedra por participar en una fiesta privada que, a pesar de las restricciones por la covid-19, se estaba celebrando en un bajo comercial del centro histórico de la ciudad. Esta intervención policial, la de mayor entidad realizada por la Policía Local desde que se decretó el estado de alarma el pasado mes de marzo, se desarrolló el pasado viernes 4 diciembre, sobre las siete y media de la tarde.
Ante las denuncias de los vecinos, los agentes acudieron a las inmediaciones del local, situado en la Plaza del Teucro y dedicado en el pasado al alquiler de disfraces. Tras llamar dos veces, dos jóvenes abrieron la puerta del local y explicaron que, con permiso del dueño, lo estaban usando junto con una tercera persona como local de ensayo. El fuerte olor a tabaco y las voces que procedían del interior hicieron sospechar a los agentes había más actividad de la que estos dos jóvenes reconocían, por lo que decidieron inspeccionar el local.
A medida que iban a avanzando, según recoge el atestado policial, fueron apareciendo más personas, dos de ellas estaban incluso escondidas debajo de una manta. En una primera inspección se localizaron a cerca de una veintena de jóvenes, pero aún aparecieron más, hasta un total de 26, cuando los agentes abrieron una puerta que daba hacia un patio interior, en donde se ocultaban más asistentes. Además, la Policía Local halló evidencias dentro del bajo comercial que demostrarían que no era la primera vez que se celebraban reuniones de este tipo, saltándose las restricciones impuestas por la alta incidencia en Pontevedra de la pandemia de la covid-19.
Las 26 personas identificadas han sido denunciadas por reunirse sin ser convivientes y recibirán una sanción que oscila entre los 600 y los 3.000 euros. Uno de ellos recibirá una segunda multa de igual cuantía porque es de Vilagarcía de Arousa y, por lo tanto, no respetó el cierre perimetral decretado en Pontevedra, Marín y Poio. El propietario del local, a pesar de no estar presente, será multado con entre 3.000 y 20.000 euros por permitir la celebración de esta fiesta. Además, se le abrirá un expediente de disciplina urbanística por usar el bajo para una actividad para la que no tiene licencia y, dependiendo de la gravedad que fijen los técnicos municipales, su multa podría alcanzar los 600.000 euros.
