lunes 25/10/21

El abogado de un procesado en la causa de Sito Miñanco denuncia amenazas

El abogado de un procesado por el blanqueo de casi 900.000 euros presuntamente procedentes de las ganancias ilícitas del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, ha denunciado amenazas desde que su cliente admitió su participación en ese entramado con la colaboración de tres letrados.

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El abogado de un procesado por el blanqueo de casi 900.000 euros presuntamente procedentes de las ganancias ilícitas del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, ha denunciado amenazas desde que su cliente admitió su participación en ese entramado con la colaboración de tres letrados, entre ellos Gonzalo Boye, conocido por defender a Carles Puigdemont.

Denuncia estos hechos, consistentes en acoso en redes a él y a su hermano mediante la filtración de vídeos, fotos y audios del sumario en diversas cuentas de Twitter, en un escrito remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que instruye la causa contra la organización de Miñanco, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La Fiscalía por su parte ha pedido a la juez que derive el escrito a los juzgados de instrucción de Madrid en Plaza de Castilla al no tener conexidad con los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional, y que, según lo denunciado, podrían ser constitutivos de delitos de amenazas y de revelación de secretos.

El abogado, que considera que se encuentra en una situación de peligro, según indica en su escrito a la juez, representa a uno de los procesados en esta causa, Manuel Pedro González Rubio, un ciudadano colombiano que fue detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas el 6 de febrero de 2017 cuando transportaba oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

En la estrategia para acceder al dinero incautado, los tres abogados procesados por estos hechos -Gonzalo Boye, Jesús Morán y Alejandro Guerra-, según la jueza, confeccionaron una serie de documentos para simular unas operaciones de compraventa ficticias "con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".

En su última declaración y aconsejado por su letrado, según las fuentes consultadas, González Rubio, que anteriormente aseguró que el dinero interceptado le pertenecía a él, confesó finalmente que no era suyo y confirmó la participación de esos abogados en la operación de blanqueo, al señalar que ellos prepararon toda la documentación con la que pretendían justificar esa cantidad.

Desde las cuentas de las que ahora el letrado dice sentirse amenazado, le imputan, según expone en su escrito, haber instigado a su cliente a declarar en contra de otros procesados.

Tras ser interceptado en Barajas, la Secretaría General del Tesoro le impuso en octubre de 2017 a González Rubio y a cada uno de los demás investigados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales.

No es la primera vez, que un procesado en esta causa denuncia sentirse acosado y amenazado, ya que la juez también dedujo testimonio en otra ocasión tras denunciar uno de ellos que en las redes se estaban revelando datos sobre sus coches.

Tras su procesamiento por un delito de blanqueo el pasado diciembre, Gonzalo Boye y cuatro asociaciones de la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña decidieron querellarse en el Tribunal Supremo contra la juez María Tardón y el fiscal antidroga encargado de este caso.

Les atribuyen un delito de encubrimiento de asesinato, así como a la letrada de la administración de justicia del juzgado.

Según la querella, los tres evitaron "propiciar una investigación por el asesinato presuntamente cometido por Manuel Andrés P.S. tanto en Colombia como en España" y que lo encubrieron a fin de protegerle para "perjudicar gravemente" a Boye y lograr su procesamiento por falsedad documental y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

También planteó un incidente de recusación para que la juez fuese apartada por su interés en "perjudicar gravemente" a Boye, petición que rechazó la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que también ha ratificado varios procesamientos en esta causa y tiene aún pendiente de resolver el recurso del abogado de Puigdemont contra su procesamiento. 

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