Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha demandado hoy una auditoría sobre la gestión privada del parque arqueológico de Campo Lameiro para determinar los riesgos de ese conjunto patrimonial. Los diputados de AGE Xabier Ron y Ramón Vázquez han registrado una proposición no de ley en la que consideran que esta auditoría sería el primer paso hacia una gestión "plenamente pública" del parque y evitar "la situación de degradación y deterioro" que sufre en la actualidad, de la que responsabilizan a la empresa Espitral Xestión Cultural".
Los parlamentarios resaltan en un comunicado que esta compañía, que también se hizo cargo del parque de la cultura castreña de San Cibrán, recibió 1,1 millones de euros públicos y, sin embargo, deja los senderos impracticables, el cierre del lugar en "pésimas" condiciones, las zonas de exposición en mal funcionamiento "y, por si fuera poco, destrozaron un petroglifo con un tractor desbrozador". Espiral Xestión de Cultura -recuerdan- se constituyó en 2012, después de que su antecesora en la gestión del parque entrase en concurso de acreedores y "uno de sus fundadores es destacado miembro del Partido Popular".
AGE señala que ya presentó hace un año diversas iniciativas en las que denunciaba "nepotismo" en las adjudicaciones y la exigía la "paralización de la privatización" de los campos arqueológicos. Tras considerar que el "pésimo" estado del parque le da ahora la razón, insiste en sus críticas a la gestión, pues "Espiral no solo destroza petroglifos y asiste inmóvil al deterioro de las instalaciones por toda la ciudadanía, sino que sobredimensiona la asistencia de gente y maquilla los datos económicos".
Además, indica que "carece de libro de reclamaciones y de registro de incidencias y ni siquiera está dotada del personal ni de las condiciones laborales adecuadas". Incluso, pone como ejemplo que la empresa llego a cobrar la entrada por una actividad perteneciente a un proyecto europeo, "cuando debía ser gratis". Finalmente, además de la auditoría, reclama una sanción por la destrucción del petroglifo y el incumplimiento de las condiciones del servicio, que la empresa se haga cargo de los gastos de restauración e insisten en que pase a ser de gestión pública.
