lunes. 26.02.2024

El Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio al tener conocimiento de la falta de espacio en los juzgados de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), según se recoge en su informe de 2014. La institución solicitó información a la Dirección General de Justicia de la Xunta sobre las medidas que iban a adoptarse para solucionar la acumulación de expedientes en las dependencias judiciales. En su respuesta, la administración autonómica le trasladó el plan de expurgo iniciado como experiencia piloto en el TSXG y en la Audiencia de Pontevedra, así como el propósito de extenderlo al resto de las dependencias judiciales de la Comunidad. Afirma en su informe el Defensor del Paciente que si bien "se resolvieron algunos problemas", otros estaban subordinados a planes cuya eficacia "no es inmediata sino progresiva". Entre las situaciones descritas, alude a la acumulación de expedientes en pasillos, a la formación incluso de "montañas de basura", o a la habilitación de una vieja sala de calderas como archivo. Respecto al juzgado 1 de Cambados, señala que en su archivo hay humedades y ratas, y que, como consecuencia de un mal anclaje, se cayeron unas estanterías con expedientes.

 

En su informe anual, el Defensor del Pueblo también recoge la orden de la Agencia de Seguridad Aérea de cesar cualquier actividad de aterrizaje y despegue en el aeródromo de Caldas de Reis, así como la suspensión de las obras en curso por parte del Ayuntamiento. Hace hincapié en que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de la Xunta está tramitando un procedimiento de reposición de la legalidad por las obras realizadas sin ajuste a la licencia dada por la corporación. Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha incluido a Vigo entre una decena de ciudades a las que ha pedido información sobre los problemas ordinarios que encuentran los ayuntamientos en la tramitación de licencias de obras, los tiempos medios y los recursos disponibles.

 

En su informe anual, el Defensor del Pueblo especifica que ha iniciado actuaciones de oficio con una muestra de diez municipios, en atención a los derechos de la propiedad y a disfrutar de una vivienda digna que pueden verse "seriamente afectados" por los "retrasos y avatares" en el proceso de tramitación de licencias. El muestreo incluye a capitales de provincia con más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona y Valencia) y con entre 200.000 y 500.000 (Cáceres y Pamplona); y a municipios de más de 300.000 habitantes no capitalinos (Vigo), con entre 50.000 y 200.000 (Algeciras e Irún) y entre 20.000 y 50.000 (Villena y Úbeda). Alega el Defensor del Pueblo que ha recibido "numerosas quejas" sobre la lentitud en la tramitación por parte de los ayuntamientos de las licencias, "en muchos casos con demora de meses" para otorgarlas o denegarlas, incluso las de obra menor.

 

En el apartado de quejas por malos tratos, el Defensor del Pueblo tramitó una queja de un ciudadano detenido en la Comisaría de Policía de Pontevedra que denunció que había sido agredido por un agente, lo que le causó una fractura en un brazo. A partir del informe remitido por la Policía, deduce que el denunciante fue detenido por su participación en un presunto delito de resistencia y desobediencia, y que se solicitó asistencia médica por sus padecimientos cardiacos. Respecto de la alegada fractura del brazo, conjetura con que pudo pudo producirse en el incidente previo a su llegada a comisaría, toda vez que en las grabaciones recogidas por las cámaras de seguridad se observa el "correcto comportamiento" de los funcionarios.

Defensor del Pueblo investiga falta de espacio en los juzgados de Vilagarcía