viernes. 29.03.2024

La Fiscalía de Pontevedra solicita un año de cárcel para el expresidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán (PP), como responsable de un delito continuado de cohecho pasivo por los supuestos sobrecostes en los alquileres de tres bajos comerciales situados en el barrio de Navia, en Vigo.

 

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, el fiscal de delitos económicos solicita al juzgado de instrucción número 2 de Cambados la apertura de juicio oral contra Louzán, para el que además reclama la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses y el decomiso de los tres locales, cuya propiedad comparte con su esposa.

 

En el caso de ella, a la que el fiscal considera como "cooperadora necesaria" para que el también expresidente del PP de Pontevedra cometiese el delito de cohecho, solicitan nueve meses de prisión y catorce meses de suspensión de empleo y cargo público. El tercero de los acusados en este procedimiento es el concejal del PP en Pazos de Borbén (Pontevedra), Severino Reguera, para el que se solicita que sea condenado a un año de prisión como autor de un delito continuado de cohecho impropio, que habría cometido siendo diputado provincial bajo la presidencia de Louzán.

 

En sus conclusiones provisionales, el fiscal explica que los hechos sobre los que pivota la acusación tienen su origen en el año 2008 cuando el expresidente de la Diputación y su esposa reservaron cinco bajos comerciales en la calle Teixugueiras de Vigo, comprando finalmente tres por 460.122,50 euros más IVA y cediendo los otros dos a Reguera y a su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera habría prestado a Louzán casi 104.000 euros.

 

Tras la compra, la esposa de Rafael Louzán firmó, supuestamente, un contrato privado con la empresa Brunopán, de la que es administrador Severino Reguera, para alquilarle sus tres locales por diez años, a un coste de 3.584 euros anuales más IVA. Tras alquilar los locales, Severino Reguera los unió con los dos suyos, pasando a ser un bajo único, un movimiento empresarial que según el fiscal acredita que "el propósito inicial de los compradores era formar un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos".

 

La empresa Brunopán, según el escrito de acusación, tuvo "pérdidas significativas" en los años 2011 y 2012 y, a pesar de ello se mantuvo el precio del alquiler, con los aumentos anuales pactados, "contrastando con la rebaja de alquileres que se produjeron fruto de la crisis" en esa zona de la ciudad de Vigo. Un informe de la Guardia Civil concluyó que en esa zona los precios medios del alquiler se sitúan entre 6 y 12 euros el metro cuadrado, pero los bajos que Louzán y su esposa alquilaron al diputado del PP, llegaron a costar 16,4 euros el metro cuadrado.

 

En base a esos precios, el fiscal calcula que entre los años 2008 y 2013 la sociedad Brunopán pagó al matrimonio 89.026,74 euros más del precio medio de los locales en esta zona, un "premio injustificado" para Louzán y su mujer. Por todo ello, el fiscal de delitos económicos de la Audiencia de Pontevedra concluye que Louzán y su esposa compraron los tres bajos de Navia "sabiendo desde el principio" que el precio de compra y la hipoteca iban a ser pagados por la empresa de Reguera, quien ejercía cargo político tanto en la Diputación como en el PP y cuya "proyección" dependía de Louzán.

 

Considera el fiscal que fue un "trato de favor" de Severino Reguera al entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP en la provincia tras una compra inmobiliaria que "se planeó entre los señores Reguera y Louzán y su esposa, sabiendo éstos últimos desde el principio que el precio -en efecto- les sería abonado por algunas de las empresas de Reguera". Además, el representante del ministerio público desvela en su escrito que la relación entre Rafael Louzán y Severino Reguera está siendo objeto de otra investigación penal por parte del juzgado de instrucción número uno de Pontevedra, en relación a las presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra de la Diputación a una empresa de la prima de Reguera.

El fiscal pide un año de cárcel para Louzán por presunta comisión de cohecho