La Fiscalía ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Pontevedra por el contrato firmado en 2015 con la comunidad de montes de A Canicouva para alquilar unos terrenos en los que construir una planta de tratamiento de compost.
La investigación del área de delitos económicos parte de la denuncia presentada por el PP el pasado 9 de noviembre sobre la presunta irregularidad cometida por el gobierno municipal al aprobar un último pago de 20.000 euros, en febrero de este año, con el contrato ya vencido.
El Ministerio Público ha requerido al Ayuntamiento toda la documentación administrativa que consta en el expediente de este contrato para analizar todos los detalles y comprobar si, como aseguran los populares, existe algún tipo de irregularidad o ilícito penal.
El portavoz del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, entiende que de la actuación municipal se deduce que se habrían cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según ha manifestado este jueves en rueda de prensa.
Además de censurar que se haya pagado cuatro años de alquiler por los terrenos "sin tan siquiera haber iniciado el estudio para dicha planta", Domínguez ha recordado que se han pagado 20.000 euros más tras extinguirse el contrato, algo que considera "injustificado".
"Se han tirado 100.000 euros de todos los pontevedreses en alquilar terrenos que no se usan", ha añadido el líder del PP, que ha denunciado el "oscurantismo" del gobierno municipal sobre este contrato porque "seguimos sin saber quién dio la orden para alquilarlos a ese precio".
A mayores, Rafa Domínguez ha reiterado que esta actuación es una "clara irregularidad" y se pregunta "qué ha hecho la comunidad de montes con ese dinero", ya que asegura que sería un "escándalo épico" que haya terminado "en los bolsillos de los vecinos" de A Canicouva.
Desde el gobierno municipal, el edil César Mosquera ha defendido la actuación del Ayuntamiento con respecto a este contrato y ha mantenido que la Fiscalía "puede investigar lo que quiera" acerca de este expediente porque "no van a encontrar nada".
Tras asegurar que el gobierno pontevedrés "debe ser el más investigado de Galicia" y, en estos procesos, "nunca hubo nada", Mosquera ha mantenido que el contrato con los comuneros de A Canicouva sigue en vigor, a pesar de haber finalizado sus cuatro años de duración.
En dicho contrato figura una cláusula adicional en la que se explica que, si ninguna de las dos partes denuncia el contrato, éste se prorroga automáticamente, y ni el Ayuntamiento ni la comunidad de montes han manifestado su intención de finalizar su relación contractual.
Además, ha apuntado que todos los trámites y pagos realizados en el marco de este contrato cuentan con los informes favorables de los funcionarios municipales.
El Ayuntamiento asegura que mantiene sus planes para utilizar esos terrenos para construir la planta de tratamiento de compostaje, centro que figura en el nuevo contrato de gestión de residuos que tramita el gobierno municipal y cuyo horizonte se fija para el año 2023.
aer/flh
