Más de veinte años de cárcel pide la Fiscalía para las dos personas que regentaban en 2018 el club Pigalle, situado en Meis (Pontevedra), a los que acusan de trata de seres humanos, por obligar a varias mujeres a prostituirse en su establecimiento.
El fiscal pide 23 años de cárcel para el administrador de la sociedad que explotaba el club, un hombre de nacionalidad brasileña; y 22 años de cárcel para la mujer de origen rumano que, en aquel entonces, lo dirigía junto a él.
A ambos, se les acusa de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina con ánimo de lucro y tres delitos de prostitución coactiva. A él, además, se le achaca un delito de agresión sexual a una de las mujeres.
El juicio contra ambos se celebrará el próximo martes 18 de enero en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
En el escrito de acusación, el fiscal asegura que los dos acusados, de acuerdo con varias personas que residían en Venezuela, captaban mujeres de ese país y, aprovechándose de sus problemas económicos, las hacían viajar a España para ejercer la prostitución en el club.
Para conseguir que esas mujeres entraran en España sin ser rechazadas en la frontera, les facilitaban billetes de avión, reservas de hotel y dinero en efectivo, para hacerlas pasar por turistas y ocultar la verdadera finalidad de su traslado.
Así, entre marzo y abril de 2018, contactaron con tres mujeres, todas ellas con cargas familiares y problemas económicos, a las que -salvo a una- le ocultaron que iban a ser explotadas como prostitutas, haciéndolas creer que serían contratadas como camareras.
Pero una vez en el club, las tres fueron sometidas a un verdadero régimen de esclavitud, obligándolas además a asumir el coste de sus viajes a España y quedándose con todo el dinero que ganaban hasta saldar esa deuda.
Además, según reitera el fiscal, les obligaban a trabajar jornadas de hasta doce horas, sin apenas día de descanso, y les cobraban a mayores dinero en concepto de manutención y alojamiento o les ponían 'multas' si no trabajaban por enfermedad o salían del local.
Las tres mujeres, una de ellas con 18 años recién cumplidos, padecieron también reiteradas amenazas para que no se marcharan del club y, al menos una de las tres, sufrió un intento de violación por parte del administrador del establecimiento.
Agentes de la Guardia Civil liberaron a las tres víctimas en julio de 2018 tras una inspección realizada en el club y para ellas el fiscal reclama una indemnización de más de 33.000 euros.
Junto con la pena de cárcel y estas indemnizaciones, la Fiscalía solicita al tribunal que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos acusados y que, tras su salida de prisión, pasen otros quince años en libertad vigilada.
