martes 22/6/21

Inhabilitado un guardia civil de Pontevedra por quedarse dinero de denunciantes

Un sargento de la Guardia Civil, que actuaba como comandante del puesto de O Covelo (Pontevedra), será inhabilitado durante cinco años para ejercer su trabajo tras reconocer haberse apropiado del dinero de personas que acudían a presentar denuncias.

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Un sargento de la Guardia Civil, que actuaba como comandante del puesto de O Covelo (Pontevedra), será inhabilitado durante cinco años para ejercer su trabajo tras reconocer haberse apropiado del dinero de personas que acudían a presentar denuncias.

Aunque inicialmente el acusado negó todos los hechos ante el tribunal, durante la vista oral su abogado pidió un receso para negociar con la Fiscalía un acuerdo de conformidad.

En virtud de este acuerdo, que ya ha sido ratificado por las magistradas de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, el guardia civil ha sido condenado a seis meses de prisión, un año de suspensión de empleo y sueldo y al pago de una multa de 1.500 euros.

Ha reconocido ser autor de dos delitos de apropiación indebida, dos delitos de omisión del deber y un delito de falsedad en documento público.

El fiscal solicitaba para él nueve años y tres meses de prisión y que fuese inhabilitado durante doce años y nueve meses, pero le aplicó las atenuantes de dilaciones indebidas, la de confesión tardía y la de reparación del daño pues devolvió el dinero a las víctimas.

El guardia civil fue investigado por dos episodios sucedidos en 2015, relacionados con conflictos vecinales por la tala de unos árboles y en los que engañó a las víctimas y no formalizó los atestados cuando éstas presentaron sus denuncias.

En los dos casos, sendas personas acudieron al cuartel para presentar una denuncia ante las desavenencias por el coste por los trabajos de una tala y, en lugar de elaborar atestado y presentarlo en los juzgados, utilizó esa información para cobrar el dinero y quedárselo.

El entonces responsable del puesto de la Guardia Civil de O Covelo llamó por teléfono a las personas denunciadas, a las que les pidió que le entregasen el dinero pendiente para arreglar las cosas y evitar una investigación oficial, pero ese dinero nunca llegó a sus propietarios.

Solo lo entregó cuando uno de los afectados acabó denunciándole.

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