La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha anunciado hoy que denunciará ante la Fiscalía posibles irregularidades del mandato de su antecesor, Rafael Louzán, en la gestión de proyectos europeos por valor de más de 35 millones de euros. Silva ha señalado que enviará la documentación también al Tribunal de Cuentas sobre unas irregularidades "no solo en la tramitación".
Ha hecho hincapié en el proyecto Pousadas do Salnés, una red de establecimientos hosteleros públicos -ahora subcontratados- propiedad de la Diputación, "con presupuesto de seis millones" que el ente provincial cobró pero sobre el que después gastó otros 14 de fondos propios. "Se obligó a modificar créditos en los presupuestos para hacer frente a la mala gestión y previsión", ha indicado Silva, que ha citado los demás proyectos de los que sospechan, como Deputrans, un proyecto de depuradoras para municipios rurales.
También ha apuntado a DepoGap, un sistema para auditar e inventariar los activos de la Diputación a través de medios electrónicos, adjudicado este mismo febrero por 6,5 millones a una UTE entre Indra, Altia Consultores, y R Cable; y DepoTic, con 11 millones de fondos europeos para potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información. "Las irregularidades en pagos atañen a reconocimientos extrajudiciales de facturas de forma continua, al margen de la correcta tramitación", ha precisado Silva.
