El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha solicitado declarar de nuevo ante la juez que instruye la causa de la denominada Operación Patos, que investiga supuestas irregularidades en la contratación pública de diversas administraciones de Galicia. En un escrito de su abogado registrado hoy en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, solicita prestar declaración en calidad de investigado de conformidad con el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, informaron a Efe fuentes jurídicas.
En el mismo se estipula que el procesado podrá declarar cuantas veces quiera, y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviera relación con la causa. En febrero de 2016, cuando fue citado por el mismo juzgado, se acogió a su derecho a no declarar hasta que resolviera la petición de un grupo de abogados que demandó la anulación de las escuchas telefónicas practicadas en la causa, y que fue desestimada.
Ahora bien, en declaraciones a los medios, Louzán rechazó haber terciado en los expedientes de contratación investigados y también que intercediese a favor de Enrique Alonso Pais, el dueño de la constructora Eiriña, empresario situado como epicentro de la supuesta trama corrupta investigada en la causa. También rechazó que recibiese regalos de parte de este constructor.
Respecto a su participación en las conversaciones telefónicas intervenidas, apuntó que solo aparece en una y que su contenido es "totalmente intrascendente". "No tengo nada que ocultar de lo que yo conozca", proclamó entonces Louzán, quien se definió como "una persona más" en la Diputación cuando era su presidente, y añadió que allí hay "un extraordinario equipo de funcionarios que, de alguna manera, son los que tramitan y en la documentación todo obra correctamente".
Dijo ser "el primer sorprendido" por las actuaciones supuestamente irregulares contenidas en el sumario, y en todo caso añadió que aquellas son "cuestiones de puro trámite y se llevan dentro de los servicios que la casa tiene para este tipo de cosas".
La Operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un ex concejal de Nigrán y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña, y practicó registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense. Además, hubo inspecciones en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio Casco Vello y el Puerto, y en la Diputación de Pontevedra. Aparte de Louzán, entre los investigados figuran otras personalidades políticas como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la exdelegada territorial de la Xunta, María José Bravo Bosch.
