El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, siente "perplejidad" ante el auto del Juzgado de Instrucción 2 de Cambados que incoa el procedimiento ante el tribunal de jurado contra él, su esposa y el diputado provincial Severino Reguera por supuesto cohecho en el alquiler y venta de unos bajos en Vigo. A través de un portavoz de la Diputación, Louzán manifiesta su "sorpresa y perplejidad ante una noticia sobre un asunto que tiene sus cauces legales pertinentes para ser transmitida y no a través de los medios".
"Nadie notificó a las partes absolutamente nada del contenido de esa nota, ni al procurador, ni al abogado ni al fiscal", replican desde el entorno del también presidente provincial del PP, y manifiestan que, "en noviembre, Louzán presentó escrito de solicitud de archivo y ahora se supone que se declara la improcedencia de ese archivo". "Decimos se supone porque no se notificó nada", insisten estas fuentes, que entienden que la nota "se enmarca dentro de la normalidad procesal absoluta, que significa que se abre el procedimiento en que se dará audiencia para aportar documentación y material probatorio pertinente antes de que juez valore si es pertinente la apertura del juicio oral".
El Tribunal Superior de Xustiza informó esta tarde de que el juzgado mixto número 2 de Cambados ha acordado incoar procedimiento en la causa que se sigue contra el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, su esposa y el diputado provincial Severino Reguera Varela. El asunto se refiere a presuntas irregularidades en el alquiler y compra de inmuebles por parte de los citados y en el auto, del que informa el TSXG, el juez responde que no ha lugar al archivo solicitado por los dos primeros imputados. Señala el instructor que "el resultado de las diligencias de averiguación realizadas permiten sostener que los hechos investigados podrían dar lugar a un delito de cohecho impropio en el caso del diputado y un delito continuado de cohecho en el del presidente de la Diputación y su esposa", señala el alto tribunal en un comunicado.
El caso arrancó tras una denuncia anónima recibida por la fiscalía pontevedresa en 2013, y que llevó al ministerio fiscal a comprobar el precio por encima del mercado que Louzán y su esposa cobraban a Severino Reguera por el alquiler de unos locales en el barrio vigués de Navia, un desfase que según la investigación podría esconder un soborno. La fiscalía investigó el caso y, tras tomar declaración a los implicados, presentó una querella, admitida a trámite el año pasado por el juzgado cambadés. Reguera, empresario panadero, concejal de Pazos de Borbén por el PP y diputado provincial, es considerado el hombre de Louzán en la comarca.
