lunes. 04.03.2024

La Audiencia de Pontevedra ha iniciado hoy el juicio contra dos mujeres que están acusadas de haber asesinado a un anciano de 85 años en su vivienda de Chancelas, en el municipio pontevedrés de Poio, para quedarse con todos sus bienes, de los cuales una de ellas, que trabajaba como su cuidadora, era heredera universal. En la primera jornada del juicio, que ocupará sala en la audiencia pontevedresa durante toda la semana, solo una de las dos mujeres, Rocío G.G., ha reconocido su autoría en el crimen.

 

"Lo maté, sí", ha explicado a preguntas de su abogado, pero ha añadido que lo hizo inducida por la otra mujer que es juzgada por estos hechos, Albertina T.F, y que durante la vista oral ha defendido su inocencia. "Yo sé que tengo que pagar por lo que hice, pero también hay personas a mi lado que, como yo, también tienen que pagar", ha señalado Rocío G.G. con respecto a la otra acusada porque ha reiterado que "lo hicimos de forma conjunta".

 

La joven ha explicado que "no era dueña de mis actos, era como un robot" cuando mató a golpes a Secundino Prego, a instancias de Albertina T.F. a quien señaló como la autora intelectual del crimen y la única beneficiaria del mismo ya que "yo no tuve beneficio económico alguno", a pesar de afirmar que la mujer le ofreció 5.000 euros por su ayuda. Rocío G.G., que por medio de la cuidadora del anciano comenzó a trabajar en la vivienda como limpiadora "tres o cuatro" días antes del crimen, afirmó que se enteró de los planes de Albertina T.F. el mismo día de la muerte de Secundino Prego. "Empezó a decirme que estaba cansada de ese señor, que no aguantaba más", afirmó Rocío en el juicio, relatando posteriormente las supuestas amenazas recibidas por parte de la otra acusada quien, según su testimonio, "me dijo que hiciese lo que hiciese ya estaba metida en el ajo, que mis huellas estaban por toda la casa". "Yo no sabía lo que iba a pasar o si ella tenía alguien fuera. Me desbordé y me bloqueé", aseguró la joven, que tiene diagnosticado un trastorno "límite e histriónico" de la personalidad, y que "presa del pánico" accedió a colaborar en el crimen, golpeando a Secundino hasta la muerte cuando éste regresó de la discoteca a la que acudía cada domingo. Por su parte, Albertina T.F. ha alegado que la noche del crimen "no me acuerdo de nada", debido a la medicación que tomaba todas las noches debido a su esclerosis múltiple. "Se me borró todo, tengo lagunas de memoria por mi enfermedad", afirmó, pero sí dijo que habría sido "incapaz" de haber colaborado en la muerte de Secundino por la escasa fuerza y los problemas de movilidad que le causa esta enfermedad degenerativa. Además, añadió que ella "jamás hubiese querido la muerte de Secundino" y que nunca ofreció dinero a nadie para matarlo. Albertina ha reconocido, eso sí, que conocía a Secundino después de haber cuidado de él mientras éste estuvo ingresado tras un accidente, y que fue el anciano el que acudió a ella " porque tenía miedo de vivir solo", tras haber sido víctima de un robo en casa. A cambio de mudarse a la vivienda de la víctima, éste se ofreció a cambiar su testamento y convertirla en heredera universal, algo a lo que accedió porque el anciano "insistió mucho", pero negó que le pidiera que pusiera a su nombre una cuenta bancaria en la que el anciano tenía unos 50.000 euros o que esta misma maniobra la hubiera hecho con más personas. El abogado de Albertina T.F pidió la libertad para su cliente al reiterar que la mujer "no estaba presente" cuando mataron a Secundino; mientras que el letrado de Rocío G.G. apela al "miedo insuperable" de su cliente, similar, dijo, al de las víctimas de violencia de género o abusos sexuales que se enfrentan a su agresor, para justificar un crimen que "no le beneficiaba en nada" y del cual "me arrepiento totalmente", dijo la joven. Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan que las dos mujeres sean condenadas a veinte años de prisión por un delito de asesinato. Además, piden al tribunal que las acusadas indemnicen a los dos hijos de la víctima por su muerte con cantidades que oscilan entre los 50.000 euros de la Fiscalía y los 300.000 euros de la acusación particular. E

Piden 20 años para dos acusadas de matar a un anciano por su herencia