lunes 10/5/21

Ribera pide diálogo a la Xunta de Galicia y Ence para proteger el empleo

 La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha animado este miércoles al diálogo a la Xunta de Galicia y la empresa Ence con el fin de buscar fórmulas para mantener los puestos de trabajo en la fábrica de pasta de papel ubicada en Pontevedra.

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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha animado este miércoles al diálogo a la Xunta de Galicia y la empresa Ence con el fin de buscar fórmulas para mantener los puestos de trabajo en la fábrica de pasta de papel ubicada en Pontevedra.

La concesión de la empresa para operar en su actual emplazamiento, al borde de la Ría de Pontevedra, terminaba en 2018, pero en 2016 el anterior Gobierno la amplió hasta 2073, aunque esta decisión fue recurrida y Ence podría tener que trasladarse.

La vicepresidenta ha recordado que la decisión de la continuidad de la empresa en su ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre no depende de su Ministerio, sino de un fallo que debe dictar la Audiencia Nacional sobre el recurso interpuesto por el ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría contra la prórroga otorgada en 2016.

Hasta que ese fallo se produzca, y en respuesta a la solicitud de los trabajadores de facilitar el diálogo con la empresa y la Xunta, Ribera ha dicho que es bueno conocer "las preocupaciones y las propuestas" de todas las partes, pero ha insistido en que "se necesita un diálogo local" entre los interlocutores competentes.

Tras el encuentro, Ribera ha recordado que aunque la Xunta tiene las competencias ambientales, forestales, laborales o industriales, el ministerio no quiere desentenderse del problema de Ence.

La ministra ha insistido en que hay tiempo para "organizar bien las cosas", pues la concesión de Ence para seguir operando en su actual ubicación estará vigente como mínimo hasta el año 2033.

Y eso "en el supuesto de que la Audiencia Nacional considere ilegal la prórroga concedida por el anterior Gobierno", que aplicó para ello una ley (la Ley de Costas) "que fue declarada inconstitucional posteriormente", ha dicho.

Por tanto, ha insistido, "tenemos 10 años para preparar bien esa transformación".

El pasado marzo, la empresa anunció que congelaba las inversiones recogidas en su plan industrial para la fábrica de Pontevedra, valoradas en casi 400 millones de euros, hasta que se resuelva su situación jurídica y legal. 

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