La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha acusado a la Xunta de Galicia de impulsar un anteproyecto de la ley del ciclo integral del ciclo del agua que provocará un "aumento brutal" del coste del agua para familias y empresas.
En una rueda de prensa celebrada en Pontevedra, Silva ha asegurado que esta ley supondrá una subida de un 180 % en el recibo doméstico del agua y de un 130 % en el de las empresas.
La dirigente socialista entiende que la Xunta está tramitando un "ataque sin paliativos" a la autonomía del mundo local y una "subida ingente" de la presión fiscal de la ciudadanía, por lo que la Diputación ha presentado alegaciones a este anteproyecto de ley.
Si el Gobierno gallego sigue adelante con su tramitación, ha advertido, "estudiaremos legalmente las instancias a las que podemos llegar".
Carmela Silva ha calificado de "escándalo intolerable" el cambio de modelo que propone la Xunta, que apuesta por "hacer recaer" dos tercios de la financiación en las entidades locales para las nuevas infraestructuras "en las que nosotros no decidiremos nada, solo pagaremos".
"Es un ataque en toda regla a la autonomía local, pretenden tutelar nuestra capacidad de decisión y cómo gestionamos y no nos pueden imponer cómo ejercer nuestras competencias", ha insistido Silva, que denuncia que este modelo les obligaría a asumir competencias impropias "con los mismos recursos que teníamos".
Ha añadido que "sería imposible hacerlo" sin renunciar a garantizar servicios básicos.
Tras doce años gobernando "sin tener nunca una política del agua cuando debería haber sido una prioridad", ha apuntado, "ahora cuando Europa obliga a que lo hagan, lo que hace la Xunta es intentar aprobar una ley escapista para que Europa no pueda echarle en cara que no hace nada, pero hacen recaer en el mundo local los costes de su falta de planificación"
"Ya lo intentaron con la fracasada Sogama del agua y ahora vienen con esto", ha censurado la presidenta de la Diputación, que ha denunciado además que la Xunta de Galicia usa el canon del agua "para hacer cacicadas" impulsando obras en ayuntamientos gobernados por el PP.
