¡El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la empresa Ence Energía y Celulosa contra la primera de las tres sentencias de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga otorgada por el Gobierno de la concesión para mantener su fábrica en la ría de Pontevedra.
En noviembre de 2016 el Ejecutivo central, entonces presidido por Mariano Rajoy, renovó el permiso de la fábrica de pasta de celulosa para ocupar unos terrenos de más de 373.000 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre hasta el año 2073.
La Audiencia aceptó los recursos presentados por el Ayuntamiento de Pontevedra y los colectivos ecologistas Greenpeace y Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) y anuló esta decisión de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
El tribunal consideró que la resolución de este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca no justificaba, como exige la Ley de Costas, que la fábrica, por su naturaleza, no pudiese instalarse en otra ubicación fuera del dominio público marítimo-terrestre.
Ahora, ocho meses después, el Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados contra la sentencia emitida tras el rechazo de Greenpeace a la prórroga concedida a Ence.
El auto del alto tribunal precisa que la cuestión que el asunto tiene "interés casacional objetivo" para la formación de jurisprudencia.
Los magistrados señalan que se debe determinar si al amparo de Ley de Costas de 1988 para la prórroga de las concesiones ya existentes a su entrada en vigor -la fábrica de Ence en Pontevedra se inauguró en 1963- resulta necesario acreditar que se trata de instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
Además, consideran que se debe resolver también si este precepto es de alcance cuando el demanio no se encuentra en su estado natural y ha sido transformado como consecuencia de la intervención de la Administración del Estado.
El Supremo concluye en su auto que también será objeto de interpretación la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, que modificó la Ley de Costas de 1998; y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas.¡
