El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, participó esta mañana en Pontevedra en la reunión de la Mesa de Ence, que estuvo lastrada por la ausencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una circunstancia que evidencia que el Gobierno central prefiere despreocuparse de este asunto y tomar distancia con respecto al futuro de la fábrica y de las miles de familias de Galicia que dependen de la planta, tanto los trabajadores directos y de la industria auxiliar, como del sector forestal, la logística y la propia actividad del puerto de Marín.
“La única alternativa que dio el Gobierno fue una situación de bloqueo que simplemente llevaría a Ence a su cierre. Por lo tanto, desde la Xunta de Galicia le pedimos una rectificación política si realmente tiene la voluntad de mantener la planta de Lourizán abierta”, manifestó Conde tras el encuentro.
Así, manifestó el ánimo constructivo del Gobierno gallego para poder consensuar una alternativa que garantice la continuidad de la biofábrica en su localización actual, ya que la propia empresa asegura que esta es la única opción para poder quedar en Galicia. Por eso, desde la Administración autonómica no se entiende que Gobierno central y Ayuntamiento eviten acercar una solución a Ence cuando son los responsables de poner en peligro el futuro de la factoría en Lourizán y de los empleos asociados: quien puso en entredicho su continuidad en la ría de Pontevedra no pueden provocar un problema y luego no dar respuestas.
El vicepresidente económico reiteró la voluntad de la Xunta de Galicia de colaborar con el resto de administraciones, la empresa y los representantes de los trabajadores en la busca de una solución. Así, pidió realismo y espera que todos los agentes implicados compartan la misma dirección. El objetivo para el Gobierno gallego desde lo primero momento fue siempre el mismo: garantizar la continuidad de la actividad industrial y el empleo en Pontevedra.
En este sentido, Conde solicitó la implicación del Ayuntamiento y del Ejecutivo central para que otorguen seguridad jurídica a la planta de Lourizán, una industria clave para la competitividad de los sectores forestal y logístico en Galicia.
