El Juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto a dos directivos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) investigados por, presuntamente, no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C. Los cargos afectados son el entonces director de Asistencia Sanitaria Félix Rubial y la también entonces subdirectora de Farmacia Carolina González-Criado, a quienes se investigaba como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación, informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
"No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes sea imputable causalmente a los investigados", indica el magistrado, en su auto, en el que subraya que "el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos".
El juez había llamado a estos dos cargos a declarar como investigados a comienzos de 2016 por un presunto delito de prevaricación en las dispensación de nuevos fármacos contra esta enfermedad. Posteriormente, en febrero de 2017, ambos fueron de nuevo citados para declarar como investigados por un presunto delito de homicidio imprudente en seis casos tras estimar la Audiencia provincial de A Coruña parcialmente un recurso de la Fiscalía, al que también se adhirió la asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.
Según la información aportada este miércoles por el TSXG, el Juzgado destaca también en su auto que los medicamentos "se hallaban todavía en fase casi experimental y con unos resultados que todavía eran inciertos, de ahí la necesidad de que las autoridades sanitarias diseñasen mecanismos o procedimientos destinados a precisar con sumo cuidado aquellos casos en los que estaría indicada su aplicación".
El auto, contra el que cabe recurso, incide en que tampoco puede concluir que, de haberse aplicado a los pacientes los nuevos fármacos, se hubiese evitado su fallecimiento. "Si analizamos el exhaustivo informe que ha sido emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la conclusión que se extrae es que el fallecimiento de los pacientes se produjo por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos", sostiene el Juzgado compostelano.
El magistrado asegura que del informe forense citado se infiere que los nuevos tratamientos antivirales "lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la hepatitis C, pero ello no quiere decir que los pacientes se curaran". Además, en su argumentación, el Juzgado justifica su decisión en que el procedimiento diseñado por el Sergas para garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos de la hepatitis C es "muy similar al aplicado en otras comunidades autónomas".
En el momento de los fallecimientos investigados, los nuevos tratamientos "ni siquiera se hallaban plenamente admitidos por la Agencia Europea del Medicamento, de modo que su acceso solo podría hacerse de modo extraordinario como uso compasivo para aquellos pacientes en una situación de especial gravedad", continúa el auto judicial. El magistrado concluye también que las autoridades sanitarias debían "ceñirse a las exigencias del titular de la patente -del medicamento- en este caso Gilead, único laboratorio que lo fabricaba"
