El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad instar a la Xunta a manifestar su "rotunda oposición" a la "supresión de los actuales partidos judiciales en las villas que son cabeceras de comarca y de las ciudades gallegas que no son capitales de provincia". En este sentido se manifestó la comisión institucional de la Cámara autonómica merced a una enmienda del PP a una proposición no de ley de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), en la que también demandaba, pero no fue aprobado, que el Gobierno retirase el anteproyecto de ley orgánica del poder judicial.
En otros dos apartados de la enmienda del grupo mayoritario aprobada, los diputados instaron a la Xunta a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Justicia para que se mantengan los partidos judiciales de Ferrol y Santiago y que así lo defienda la Xunta cuando sea consultada por el Gobierno central. La portavoz del PP, Paula Prado, afirmó que su grupo ya ha demostrado que no le gusta la propuesta del Ministerio, por ser consciente de la realidad gallega, y expresó su deseo de que "también lo sean en Madrid". En este sentido, resaltó los pronunciamientos unánimes que ya ha alcanzado la Cámara gallega en la misma línea.
Por el contrario, la comisión rechazó sendas proposiciones del BNG para restringir la entrada de los menores de 16 años a las corridas de toros y para que el Ministerio del Interior "cese en la campaña de persecución a las personas estafadas por la suscripción de participaciones preferentes por participar en protestas ciudadanas exigiendo una solución justa". En la defensa de esta propuesta, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, denunció que se está empleando contra estas personas y otros colectivos que protagonizan distintos conflictos, un uso excesivo de la fuerza, un incremento de sanciones administrativas y una restricción de derechos como el de manifestación.
Resaltó que se han sancionado personas que pueden demostrar que no estaban en el lugar de los hechos y citó algún caso, como el de una anciana que utiliza andador, por saltar una valla o, "por multar -dijo- se ha llegado a multar hasta a los muertos", de lo que también citó un caso. El resto de los grupos de la oposición se manifestaron en el mismo sentido y la portavoz del mayoritario, Paula Prado, recordó que es un asunto ya tratado en el Parlamento y acusó a los anteriores portavoces de manipular la realidad, para lo que señaló que, de más de 1.500 actos en Galicia por las preferentes, solo se abrieron 30 expedientes. También señaló que la ley que se está aplicando es la aprobada cuando era ministro de Interior el socialista Corcuera.
Prado dijo que parecía que los opositores desean un "sistema anárquico, donde cada uno haga lo que le viene en gana" y subrayó que en Galicia es donde se ha conseguido resolver un mayor número de casos de las preferentes. Por su parte, Jorquera consideró que el mayor número de casos resueltos en Galicia ha sido, precisamente, por la presión que ejercieron las víctimas también sobre la Xunta para que reaccionase y demandó que las normas las cumplan todos, también las autoridades. Concluyó y coincidió con el resto de la oposición en que la actitud gubernativa es una estrategia que tiene como finalidad introducir el miedo en la sociedad para que no ejerza sus derechos.
