jueves. 28.03.2024

Rebeca Peláez no volverá a ser la misma. Tiene 37 años, solo diez más que el número de pastillas que ingiere diariamente. Esta vecina de Oza-Cesuras (A Coruña) lleva pañales, tiene múltiples dolores y padece depresión y ansiedad.

 

Sus dolencias han sido provocadas por un anticonceptivo. Ahora pide "justicia". "Mi vida cambió de ser una persona alegre, feliz y divertida a ser una persona amargada, a estar todo el día en la cama, a no vivir", relata Rebeca en una conversación con Efe, en la que cuenta que no quiere salir de casa, no puede trabajar ni jugar con su hijo pequeño. Su calvario comenzó en 2016.

 

Tras haber tenido dos hijos, se planteaba una ligadura de trompas, pero esto requería un ingreso hospitalario, que no le convenía porque tenía que dar el pecho a su hijo, por lo que le recomendaron este método que, según le aseguraron, era "muy eficaz".

 

Se trata de Essure, que ya ha sido retirado del mercado, un dispositivo de titanio, pequeño y alargado, de 4 centímetros, que se insertaba en las trompas de Falopio y se usaba como un método anticonceptivo permanente, sin hormonas. Pasados unos meses de su colocación, Peláez empezó a padecer dolores de cabeza. Después, llegaron las caídas de pelo, los cambios de humor, el cansancio y el dolor en las ingles y en la espalda.

 

"Mi boca me sabía a óxido como si estuviera chupando un hierro y llegué a pesar 38 kilos, ya que estuve cinco meses sin comer porque lo devolvía todo", narra la mujer, que lamenta que en los centros hospitalarios no supieron decirle lo que le sucedía.

 

No fue hasta que tuvo numerosos sangrados, cuando en el Hospital Materno de A Coruña le dijeron que sus problemas se debían al Essure. "Me llegaron a decir antes de operarla que estaba loca", sostiene en una charla con Efe su marido Juan, quien lamenta que "no volverá a ser la misma".

 

El 7 de marzo de 2019 la operaron para quitarle el artilugio metálico, que "estaba podrido", y extirparle las trompas. Ahora, Rebeca espera una indemnización de medio millón de euros que debe tramitar el Servicio Gallego de Salud. La reclamación fue presentada en febrero de este año, cuando le comunicaron que "en quince días estaría resuelta". Luego llegaron las trabas.

 

Por eso, Peláez lamenta la "tardanza" en la tramitación de su expediente, pues, desde la administración, afirma, le solicitaron "tres veces" la misma documentación. "No hay dinero que me devuelva lo que me hicieron", enfatiza la afectada, que añade que lo que sí que quiere es que se haga "justicia", asevera. La Consellería de Política social le reconoció un grado de discapacidad del 54.0 % el 6 de junio de 2019, lo que ha sido recurrido por la letrada de la afectada, que considera que deben darle un mayor grado.

 

Asimismo, el Sergas, que preguntado por Efe no se ha pronunciado aún sobre este caso, reconoció en la documentación entregada a la mujer que sus "daños físicos" y también "psicológicos" han sido provocados "como efecto secundario de la implantación del dispositivo Essure y su retirada". Antes del drama en el que continúa inmersa, Rebeca trabajaba ayudando en el comedor escolar y también como ama de casa.

 

Ahora no puede hacerlo. Tampoco sale de casa. Tiene una hija de 15 años y un niño de 6, con los que ya no interactúa. Aunque no le van a devolver su vida, espera ser compensada, porque, zanja: "Fue lo peor que me pudo pasar en mi vida".

Toma 27 pastillas diarias por un método anticonceptivo que la dejó en pañales