Trabajadores de la sanidad pública, convocados por CIG-Saúde, se han concentrado ante los centros sanitarios para rechazar el previsto cierre de camas en período estival, que cifran en aproximadamente 1.200, a las que suman las "bloqueadas", de las que no conocen su volumen. La secretaria nacional del sindicato nacionalista, María Xosé Abuín, denunció en declaraciones a Efe el "trastorno asistencial" que esta medida supone "sin justificación" y el efecto que conlleva en el incremento del desempleo en el sector.
Para Abuín, "en este momento está más que demostrado que la Consellería de Sanidad ni siquiera tiene argumentos que justifiquen esta medida, porque la justificación que está dando es que no hay anestesistas". Agregó que, si ello fuese así, la medida solo afectaría a determinados servicios, por lo que se preguntó "por qué entonces se cierran también camas de medicina interna, de las unidades de paliativos, de las unidades de media estancia o de las unidades de salud mental".
Además, sostuvo que la necesidad de anestesistas "hay que demostrarla", pues "no hay un registro de profesionales" y no se sabe "cuántos facultativos hay en este momento en el Sergas que estén en desempleo o en condiciones en precario". Tras reiterar su demanda de reunión de la mesa sectorial, la sindicalista resaltó que, "en este momento, sabemos que hay una cantidad importante de profesionales que están solo haciendo contratos de guardia, sustituyendo al personal que deja de hacer guardias por mayores de 55 años". En su opinión, "ese personal facultativo se puede aprovechar para, en periodo vacacional, hacer contratos de jornada completa más el contrato de guardias", a lo que "sistemáticamente se niega la Consellería de Sanidad, a sentarse en una mesa con datos para ver y valorar la necesidad o no de recurrir a otras medidas".
En este sentido, recordó que en las listas del Sergas hay más de 7.000 enfermeras y trabaja en torno a un 22%, más de 5.000 auxiliares o 3.000 celadores "y así sucesivamente", por lo que, para la CIG, "esta solo es una medida que la Consellería toma para seguir desmantelando la sanidad pública y derivando pacientes a la privada". María Xosé Abuín recordó que se acaba de publicar una ley de garantías, "que venden como un derecho de los usuarios, cuando lo que están haciendo es negarlo", que establece 60 días de espera para una intervención o 45 para una exploración complementaria y, como el mejor dato de las listas de espera es de 80 días, se justifica así el desvío de pacientes a la sanidad privada.
Finalmente, en cuanto al volumen de camas cerradas, apuntó que son las mismas que el año pasado, en torno a 1.200, pero a ellas añade las denominadas "bloqueadas", de las que no sabe la cifra y que tienen el mismo efecto que las cerradas, pues el sistema informático no permite a los profesionales utilizarlas para ingresos. Además, señaló la "sorpresa" que llevaron el año pasado al constatar que, una vez abiertas las que se habían cerrado por el período estival, las "bloqueadas" permanecieron sin uso en muchas unidades
