El concejal de Deportes de Santiago, Adrián Varela, comunicó su dimisión al alcalde Ángel Currás (PP) el mismo día que supo que debe prestar declaración el 13 de junio por la presunta comisión de un delito contra el ejercicio de derechos cívicos, al ser atendida la querella que presentó la CIG por un presunto intento de despido a la mujer de un sindicalista. Las escuchas telefónicas practicadas en la Operación Pokemon, que persigue desmontar una trama corrupta de adjudicaciones de la administración local a empresas, principalmente al Grupo Vendex, revelaron esta hipotética irregularidad, que él atribuyó a un "calentón", así como otras anomalías relacionadas con un supuesto caso de enchufismo relacionado con su padre y que al final no se ejecutó.
Adrián Varela, acusado de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en la Operación Pokemon, contó el 17 de junio de 2013 a la jueza instructora, Pilar de Lara, que tuvo una "reacción en caliente" en la que pidió a un cargo de Sermasa, filial de Vendex, el despido de una de sus trabajadoras, Isabel, casada con Antonio López, delegado sindical de la CIG en el Ayuntamiento de Santiago que estaba tocando mucho "los huevos". El edil revela que entonces él tenía problemas graves con los conserjes en el pabellón de Fontiñas, área deportiva que atendía esta compañía, y que fue "un calentón", motivado por estar sometido a "mucha presión", a lo que añade que "llegué al Ayuntamiento -en julio de 2011- con 27 años" y "con el lastre del niñato que nos viene a vacilar aquí".
Siete ediles del grupo de gobierno de Santiago se sentaron el pasado día 19 en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en una junta de gobierno celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar con fondos públicos la defensa del edil de Deportes Adrián Varela en la Operación Pokemon. La decisión de costear esta representación legal con cargo a las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se costease con el dinero de todos.
Los concejales juzgados por la decisión tomada en esa reunión del 30 de mayo de 2013 son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya. Este martes anunció su dimisión Adrián Varela, en "solidaridad" con sus compañeros "expuestos a una situación judicial muy difícil". Consultado por Efe acerca de si otra de las razones ha sido esta nueva declaración judicial, en condición de querellado, ha apostillado en una conversación telefónica: "No voy a hacer declaraciones".
