5 de octubre de 2022, 11:13
Algo más de nueve años después del accidente del tren que descarriló en Santiago, provocando ochenta muertos y casi centenar y medio de heridos, arranca este miércoles, 5 de octubre, el juicio del Alvia en la Ciudad de la Cultura de la capital gallega.
Hay dos únicos acusados, que son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un excargo de Adif responsable en ese momento de la seguridad en la circulación de la línea Santiago-Ourense, Andrés Cortabitarte.
Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos.
El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos (669 testificales en total), con el matiz de que las partes puedan desistir de alguna, ya sea antes o durante el juicio.
La vista será larga y estará centrada en la responsabilidad del conductor, que recibió una llamada del interventor de a bordo y abordó la curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad permitida (191 frente a 80), y la del administrador de la infraestructura, por eventuales problemas que afectasen a la seguridad de la instalación al no prever un frenado técnico ante un error humano.
La sesión de este 5 de octubre estará dedicada a resolver cuestiones previas y, dado el número de partes personadas y escritos presentados, no será breve. Una vez se solvente este trámite, será el interrogatorio de los encausados, pero todavía no se conoce cuándo se producirá.
El despliegue al que obligó la vista oral por la marea negra del petrolero Prestige, catástrofe de la que están a punto de cumplirse dos décadas, es el único comparable a lo que acontece ahora con el Alvia. En la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental habían sido diez los años de investigación judicial y nueve los meses de juicio.
Hay dos únicos acusados, que son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un excargo de Adif responsable en ese momento de la seguridad en la circulación de la línea Santiago-Ourense, Andrés Cortabitarte.
Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos.
El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos (669 testificales en total), con el matiz de que las partes puedan desistir de alguna, ya sea antes o durante el juicio.
La vista será larga y estará centrada en la responsabilidad del conductor, que recibió una llamada del interventor de a bordo y abordó la curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad permitida (191 frente a 80), y la del administrador de la infraestructura, por eventuales problemas que afectasen a la seguridad de la instalación al no prever un frenado técnico ante un error humano.
La sesión de este 5 de octubre estará dedicada a resolver cuestiones previas y, dado el número de partes personadas y escritos presentados, no será breve. Una vez se solvente este trámite, será el interrogatorio de los encausados, pero todavía no se conoce cuándo se producirá.
El despliegue al que obligó la vista oral por la marea negra del petrolero Prestige, catástrofe de la que están a punto de cumplirse dos décadas, es el único comparable a lo que acontece ahora con el Alvia. En la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental habían sido diez los años de investigación judicial y nueve los meses de juicio.
