La Policía Nacional ha detenido a dos personas que se hacían pasar por abogados especialistas en trámites de extranjería para estafar a ciudadanos de otros países a los que les prometían agilizar su solicitudes para legalizar su situación administrativa en España.
Los dos arrestados, un varón y una mujer, están acusados de delitos estafa, intrusismo profesional, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, informan fuentes policiales en un comunicado.
La operación policial denominada 'Papiro' contabiliza más de un centenar de víctimas en la provincia de A Coruña.
Agentes de la Comisaría de Santiago, conocedores de que ya se habían producido hechos similares en otras provincias, recibieron una información del Colegio de Abogados donde un ciudadano había formulado una queja al manifestar que en marzo de 2020 había contratado los servicios de una abogada, supuestamente especialista en extranjería así como su pareja, para realizar los trámites relacionados con su regularización en España, habiendo realizado varios pagos y siendo rechazado su expediente por las autoridades españolas.
Con estos datos, y en colaboración con la Fiscalía del área de Santiago, los agentes iniciaron una investigación para tratar de esclarecer los hechos, identificando finalmente a la mujer que manifestaba ser abogada y a la pareja de ésta, quienes no figuraban colegiados como letrados ejercientes.
La investigación, según las mismas fuentes, descubrió que la pareja arrestada no disponía de despacho físico alguno y se valía de su presencia frecuente en bares, cafeterías y locales que frecuentaban ciudadanos extranjeros de Santiago y A Coruña, además de otras localidades como Ames o Ribeira.
Estas dos personas realizaban los cobros en metálico, aunque en ocasiones también se realizaban mediante ingresos en cuentas bancarias a nombre de terceros y a través de la aplicación Bizum, y las cantidades oscilaban entre los 50 y los 200 euros por cada gestión realizada.
Los arrestados adoptaban medidas de seguridad para evitar ser localizados como cambios de domicilio, utilización de vehículos a nombre de terceros y citas en diferentes cafeterías.
La investigación, que sigue abierta, fue realizada por funcionarios adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Santiago de Compostela y los arrestados puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad.
