El Defensor del Pueblo ha denunciado la situación de algunas personas que padecen algún tipo de enfermedad mental e ingresadas en centros por periodos muy dilatados, entre 30 y 50 años, como el caso del Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, un caso que investiga la Fiscalía.
Así lo denuncia en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy al vicepresidente primero del Congreso, José Ignacio Prendes, y, posteriormente, al Senado. Esta institución ha realizado tres visitas a establecimientos de salud mental, uno de ellos el de Santiago, con una capacidad de 240 plazas e inaugurado en 1885, "el último dispositivo español de los llamados antiguamente manicomios".
A pesar de que la prolongada permanencia de estas personas en dichos centros se considera voluntaria, el defensor ha manifestado "dudas" sobre si los pacientes en estas condiciones están en situación de plantearse su existencia de cualquier otra alternativa. A Marugán le ha llamado especialmente la atención que la mayoría de las personas incapacitadas a las que se entrevistó durante su internamiento señalaban que no sabían quién se hacía cargo de su tutela legal y que no tenían conocimiento de cómo se gestionaba su patrimonio.
En cuanto a la aplicación de medidas de contención, el informe constata que no existe un protocolo común a los centros y unidades de salud mental, ni siquiera de mínimos, lo que puede provocar arbitrariedad e "inducir un cierto descontrol en su aplicación". En el informe, el defensor ha reconocido que resulta muy complicado a día de hoy recabar datos sobre cuántas personas tienen un trastorno mental y cuántas han sido ingresadas en algún centro.
