El Ministerio Fiscal y la acusación particular han mantenido hoy sus peticiones de pena para el electricista Manuel Fernández Castiñeiras, acusado del robo del Códice Calixtino y juzgado ahora por apropiarse de correspondencia particular de sus vecinos de edificio, en Milladoiro (A Coruña).
El fiscal Antonio Roma ha elevado a definitivas las peticiones exigidas por la supuesta comisión de estos 162 delitos contra la intimidad, para los que reclama 18 meses por cada uno de ellos, lo que suma en la práctica un total de 243 años. Roma ha destacado que en este delito de apropiación "indebida" siempre ha existido, por parte del acusado, la finalidad de "descubrimiento de secretos", y, además, ha tildado de "inadmisibles" las explicaciones dadas por Castiñeiras, que negó la comisión de tales hechos, mientras que en la fase de instrucción sí confesó su autoría.
La acusación particular, ejercida por el abogado Felisindo Basteira, e impulsada por parte de los afectados, eleva esta petición a 36 meses, literalmente, 885 años de prisión. No obstante, el cumplimiento efectivo de la pena no debe exceder el triple del tiempo de la máxima, con lo que este sexagenario se enfrenta a hasta nueve años de prisión y también a una reclamación económica que podría aproximarse a los cien mil euros. El fiscal ha basado su petición en la "acción del apoderamiento" por lo que ha advertido de que las cuestiones de cómo o dónde halló las cartas Castiñeiras "no tienen trascendencia".
"Tanto da hurto que robo, tanto da buzón como en el suelo, el lugar no tiene trascendencia jurídica, el problema es que se trata de papel ajeno", ha especificado Roma. Además, ha subrayado la relevancia de mucha de la correspondencia incautada en propiedades de Castiñeiras, como borradores de hacienda, documentación "que mantiene un marco estricto de protección de datos", extractos bancarios o información médica.
En cuanto a la declaración dada ayer en el acto del juicio que fue "contradictoria" respecto a la realizada ante el juez José Antonio Vázquez Taín en fase de instrucción, Roma ha señalado que la realizada en un primer momento debe ser considerada como "prueba de cargo". Respecto a la insinuación que hizo ayer el acusado sobre la supuesta implicación de miembros del cuerpo de policía en la aparición de las misivas, puesto que dejó caer que dicho hallazgo pudo tener que ver con los agentes que entraron en su domicilio sin su "consentimiento" para instalar micrófonos, el fiscal ha señalado que dicha "difamación" es "inadmisible".
Por otro lado, Roma también se ha referido al "poco alcance" del informe presentado por el psicólogo Juan Carlos Maneiro, que atendió al también acusado de robar el Códice Calixtino, y, al igual que en el juicio del libro, señaló que su paciente apila objetos a causa de un síndrome obsesivo compulsivo. En ese sentido, el representante del Ministerio Fiscal ha destacado que ese síndrome no es "reconocido como una enfermedad" por lo que no afecta a la imputabilidad del acusado, que además no "compareció" para que los expertos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) lo examinasen.
Por su parte, el letrado de la acusación hizo suyas las conclusiones de la Fiscalía, pero entendiendo que la correspondencia incautada "excede" la cantidad por la que reclama el fiscal, que ha desconsiderado misivas "comerciales" o de "publicidad". Además, el abogado también ha considerado la necesidad de una indemnización independiente por cada carta "porque no es el mismo daño hecho sobre quién se le quita una carta que a otros a los que se les quitan 70". En la posición contraria, la abogada que ejerce la defensa, Carmen Ventoso, ha reclamado la "libre absolución" de su cliente al no considerar probada la autoría de esta imputación, ya que, bajo su criterio, en el transcurso del juicio "nadie ha podido probarlo". En ese sentido, Ventoso ha recordado que su patrocinado, "negó" ayer, en la primera sesión de la vista, haber cogido nunca cartas de sus vecinos. Además, la letrada ha insistido en que su cliente tampoco confesó ante el juez instructor: "Fue una declaración más que una confesión" solo que, según la letrada, ésta se entendió como confesión ya que el magistrado no permitió a Castiñeiras que se explicase. Ventoso también ha criticado una "ausencia de tipificación" en el delito imputado, puesto que de "tener una carta" no es de lo que se le acusa, y, respecto a apropiación, no hay indicio alguno, "lo que existe es la ausencia de una prueba de cargo total y absoluta". La abogada ha cuestionado, asimismo, la cadena de custodia, puesto que esas cartas "tardaron meses en llegar al juzgado de Santiago" y, a su entender, nadie es capaz de concretar cuántas se encontraron en las dependencias de su patrocinado, ni si las mismas estaban abiertas o cerradas. Ahora, Manuel Fernández Castiñeiras, tras casi un mes de sesiones en los juzgados de Compostela, ha de esperar por el veredicto de los dos juicios que han quedado vistos para sentencia y en los que, de su confesión inicial, se ha desdicho.
