viernes 22/10/21
Santiago

Elevan al TSXG la denuncia de Conde Roa contra Bugallo por la Finca do Espiño

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) una denuncia del exalcalde Gerardo Conde Roa contra Xosé Sánchez Bugallo, en relación a la recalificación de la Finca do Espiño.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) una denuncia del exalcalde Gerardo Conde Roa contra Xosé Sánchez Bugallo, en relación a la recalificación de la Finca do Espiño.

 

Los últimos dos exalcaldes de Santiago de Compostela se verán las caras en los Juzgados de Fontiñas de la capital gallega. Conde Roa presentó una querella contra su predecesor en el consistorio municipal, el socialista Sánchez Bugallo, a principios de este año, por un presunto delito de prevaricación administrativa sobre la Finca del Espiño. La recalificación de la Finca do Espiño, un parque de alrededor de 26.000 metros cuadrados, cerrado, con un palacete en estado de abandono y cercano a la residencia del presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido en vilo al Pazo de Raxoi durante casi dos legislaturas.

 

En el texto de esta querella se denuncia la posible amnistía a la promotora de la Finca, Layetana, de la obligación de pagar 651.000 en beneficio del Ayuntamiento de Santiago, obligación del convenio por aprovechamiento turístico. Conde Roa acusaba a Bugallo de pactar con la empresa la construcción de pisos y no el geriátrico, y decía que la calificación de residencial comunitario enmascaraba una futura venta de pisos, como sucedió, acusaba el dirigente popular, con otros edificios que funcionaban como apartamentos privados y que fueran licitados en la época de Bugallo en la alcaldía.

 

Este conflicto derivó, en el año 2011, en una sentencia firme por la que Layetana debía hacer frente a un pago de más de 2,2 millones de euros al Ejecutivo, por lo que en 2012 el gobierno de Santiago, ya en manos de Ángel Currás, ejecutó el embargo de la cantidad que debía dicha empresa, en compensación así del convenio suscrito por ambas entidades.  

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