21 de marzo de 2023, 13:35
La magistrada María Elena Fernández Currás ha pedido tajantemente este martes en una nueva sesión del juicio por el accidente del Alvia en 2013 no discutir "euro arriba, euro abajo" las compensaciones para los afectados, porque andar con "la cuenta de la vieja" es algo que ve "vergonzoso".
"La obviedad de indemnizar es tal, que es realmente vergonzoso", ha dicho, antes de puntualizar que el baremo de aplicación era el vigente en el momento de los hechos, merced a las numerosas alusiones al actual.
"Me resulta... me da vergüenza ajena", ha remarcado. "Un poco desagradable estar aquí hablando de dinero y cuantías, porque parece esto, no sé, la Bolsa", ha sido otra de sus reflexiones, para zanjar con que "estar aquí discutiendo euro arriba, euro abajo, es absolutamente vergonzoso".
La jueza, que al inicio de la vertiente civil ya había reprendido a las aseguradoras por investigar a las víctimas de aquella tragedia ferroviaria a través de las redes sociales, ha arremetido también en esta jornada, otra vez, contra la estrategia de juzgar algunas secuelas en la salud o vida de los viajeros al dudar de su relación total con el siniestro que se saldó con 80 muertos en un mes de julio de hace casi diez años.
"Un perito de una parte va a defender el criterio de su abogado y un perito de la otra parte, el de ese abogado", o, de lo contrario, no los hubiesen presentado, ha manifestado con rotundidad y sin dar derecho a réplica.
Son dos los acusados en este caso, el maquinista Francisco José Garzón Amo y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea entre Ourense y Santiago, Andrés Cortabitarte.
Se les imputan, a uno y a otro, ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo, y un delito de daños.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
"La obviedad de indemnizar es tal, que es realmente vergonzoso", ha dicho, antes de puntualizar que el baremo de aplicación era el vigente en el momento de los hechos, merced a las numerosas alusiones al actual.
"Me resulta... me da vergüenza ajena", ha remarcado. "Un poco desagradable estar aquí hablando de dinero y cuantías, porque parece esto, no sé, la Bolsa", ha sido otra de sus reflexiones, para zanjar con que "estar aquí discutiendo euro arriba, euro abajo, es absolutamente vergonzoso".
La jueza, que al inicio de la vertiente civil ya había reprendido a las aseguradoras por investigar a las víctimas de aquella tragedia ferroviaria a través de las redes sociales, ha arremetido también en esta jornada, otra vez, contra la estrategia de juzgar algunas secuelas en la salud o vida de los viajeros al dudar de su relación total con el siniestro que se saldó con 80 muertos en un mes de julio de hace casi diez años.
"Un perito de una parte va a defender el criterio de su abogado y un perito de la otra parte, el de ese abogado", o, de lo contrario, no los hubiesen presentado, ha manifestado con rotundidad y sin dar derecho a réplica.
Son dos los acusados en este caso, el maquinista Francisco José Garzón Amo y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea entre Ourense y Santiago, Andrés Cortabitarte.
Se les imputan, a uno y a otro, ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo, y un delito de daños.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
