La abogada Carmen Ventoso, que ejerce la defensa del electricista acusado de robar el Códice Calixtino, ha pedido en el primer día del juicio oral la nulidad de la instrucción, que el Ministerio Fiscal y la Iglesia, personada como acusación particular, defienden porque se "ajusta a derecho".
El gallego Manuel Fernández Castiñeiras, que presenció la vista desde el banquillo, cabizbajo en todo momento, junto a su mujer Remedios Nieto y su hijo Jesús, dará mañana su versión de este robo que se remonta al 2011, y será esta la primera vez que hable tras el mutismo que mantuvo desde su arresto, un año después de este hurto.
El ladrón confeso del Códice, que estuvo interno en el penal de Teixeiro (A Coruña) desde julio de 2012 hasta enero de 2013, está acusado de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; un delito contra la intimidad y otro de blanqueo de capitales. Para su mujer, Remedios Nieto, y su hijo, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno de ellos por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por sendos delitos de receptación.
En la primera sesión de este juicio, que se alargará hasta el 5 de febrero, la cual ha estado dedicada a solventar las cuestiones previas, la letrada que defiende a los tres miembros de esta familia ha solicitado la nulidad de todas las actuaciones, puesto que considera que la instrucción está infectada.
En los juzgados compostelanos de Fontiñas, la letrada ha señalado que "nos encontramos con una situación de Guantánamo procesal", en la que todo es "nulo de pleno derecho" y un claro ejemplo sobre "cómo vulnerar de forma palmaria y clamorosa" los derechos fundamentales de las personas, puesto que "ninguno de los tres acusados", por Fernández Castiñeiras, su mujer y su hijo, ha tenido "un juez imparcial".
Carmen Ventoso ha atacado al juez instructor del caso, José Antonio Vázquez Taín, y de él ha subrayado que dio una lección acerca de lo que "no se debe hacer", un comentario que, junto a otras observaciones, han llevado al magistrado presidente de la sala a pedirle que se centrase porque "no es al juez al que se está juzgando". La letrada ha cargado durante casi dos horas contra Vázquez Taín, y de este juez ha criticado los registros hechos en las propiedades del acusado, los cuales se extendieron por más tiempo del que contemplaba el auto; la propia detención de su cliente, y la comparecencia ante el instructor, tras la que fue llevado a prisión, porque se excedió el plazo legal de 72 horas.
Al respecto, Ventoso ha considerado que la declaración judicial de Fernández Castiñeiras en la que confesó la autoría del robo "contraviene la legalidad vigente en España" y el "derecho a la dignidad" por el trato que recibió. La letrada expuso durante la sesión algunas de las frases y preguntas que realizó el juez instructor en dicha declaración, que para Ventoso supusieron una "coacción" para su patrocinado al tratarse de cuestiones "sugestivas y repetitivas", en las que se observa un trato "cuasi despectivo".
Carmen Ventoso también ha arremetido durante esta jornada contra la manera en la que se halló el valioso manuscrito del siglo XII, porque en la inspección no estaba su patrocinado ni su abogado, a pesar de que éste estaba detenido y debería, por ley, haber participado en el registro en un inmueble de su propiedad, en este caso un garaje. Sobre el examen practicado en el piso de O Milladoiro, residencia del matrimonio, donde se encontró dinero y documentación eclesiástica, ha considerado Ventoso que el escenario estaba "contaminado" puesto que la Policía instaló micrófonos.
Carmen Ventoso ve vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y sobre las distintas pruebas incorporadas ha destacado que "nunca tendremos la certeza de que no fueron manipuladas". Asimismo, ha hecho énfasis esta abogada en que las grabaciones de las cámaras de seguridad realizadas en el despacho del deán de la Catedral de Santiago y en el claustro de la basílica se entregaron un año más tarde, por lo que se pudieron "alterar" las imágenes. La letrada ha criticado que, a pesar de ser una de las pruebas inculpatorias más relevantes de la instrucción, razón por la que intentó su visionado "durante meses", nadie se lo permitió a lo largo del proceso.
Por ello ha denunciado, por parte del juez instructor, una "obstrucción absolutamente total" al ejercicio de la defensa que "merecen" sus patrocinados. Tras la exposición de la defensa, llegó el turno del Ministerio Fiscal y a continuación de la Iglesia, y en ambos casos defendieron la instrucción que siguió a la sustracción del Códice Calixtino, y solicitaron que no se acepte la petición de declarar nulo todo el proceso, dado que no se vulneraron los derechos que sostiene la defensa, que, además "no son ilimitados", ha advertido la Fiscalía.
El fiscal asignado a esta causa, Antonio Roma, ha subrayado que no toca "discutir" toda la instrucción ya que en todo momento los imputados contaron con la defensa de un abogado, en un inicio de oficio, y se dio consentimiento a todas las diligencias, que estaban encaminadas a la obtención de pruebas.
Ha apuntado Roma, asimismo, que la defensa de esta familia presentó "probablemente más de cien recursos", por lo que muchas de las nulidades solicitadas esta mañana ya fueron tratadas y denegadas por la Audiencia Provincial durante la fase de instrucción. Y ha recordado que la letrada de la defensa, en caso de una sentencia condenatoria, podrá recurrir de considerar que la presunción de inocencia pudiera quedar "quebrantada".
El Ministerio Público ha puesto de relevancia también la gravedad de los hechos que se juzgan, ya que se trata del robo de "un bien cultural único". Sobre la imparcialidad, el fiscal ha presumido que la sala se mantiene "ajena" a cualquier estado de opinión generado por la mediatización del caso. El letrado que representa al cabildo de la Catedral compostelana, José Antonio Montero, se ha "adherido" a las argumentaciones esgrimidas por el Ministerio Fiscal para rechazar la nulidad del procedimiento. La Iglesia eleva la petición de pena para Fernández Castiñeiras a 31 años.
