La Xunta estudia de forma "rigurosa, seria y responsable" el proyecto de extracción de cobre de una mina situada en los ayuntamientos coruñeses de Touro y O Pino, participado por la multinacional Atalaya Mining, afirmó hoy una responsable del Gobierno autonómico. Así lo indicó ante una comisión del Parlamento de Galicia la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta, Ana María Díaz, tras una pregunta del diputado de En Marea Antón Sanchez, quien cuestionó la actitud del Gobierno autonómico sobre ese proyecto, liderado por la firma Cobre San Rafael.
La iniciativa está participada también por la firma Explotaciones Gallegas, que es la propietaria del terreno, y por Atalaya Mining, una multinacional propiedad del grupo chino Yanggu Xiangguang Copper, la suiza Trafigura y los fondos de inversión Orion Mine Finance y Liberty Metals & Mining, y pretende invertir 200 millones de euros y crear 400 empleos directos en Galicia.
La mina fue abandonada en 1988 por la multinacional británica Rio Tinto, que dejó tras de si graves perjuicios para el medio ambiente en la zona y que, según indicó Sánchez, todavía hay análisis que evidencian la contaminación del agua. Añadió que un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela y de la británica Universidad de Swansea basado en análisis sobre las aguas de la zona de la mina durante un periodo de varias décadas concluye que la reducción del número y del tamaño de salmones en el río Ulla es atribuible a la contaminación de la mina.
También aludió a un reciente estudio de la asociación ecologista Adega que mostró "concentraciones de cobre, zinc y níquel que superan hasta seis veces los límites establecidos" en muestras de aguas del río Portapego, por residuos contaminantes procedentes de la antigua mina que generaron "acidificación".
El diputado observó que "el nuevo proyecto triplica la dimensión" del anterior, y advirtió de que la contaminación puede afectar no solo los acuíferos, sino perjudicar la actividad marisquera en la ría de Arousa y hasta "afectar a otras especies", además del salmón. Asimismo, enfatizó que algunas multinacionales "saben cómo cerrar la puerta y huir", y apuntó que Atalaya Mining, propietaria de la mina de Riotinto (Huelva), fue objeto en septiembre de 2016 de un expediente sancionador de la Junta de Andalucía por una nube de polvo, por la que la Fiscalía investiga un delito de contaminación atmosférica con grave riesgo para la salud de las personas.
La representante de la Xunta aseguró que "en la fase inicial actual" expertos de hasta "quince departamentos" diferentes del Gobierno autónomo están elaborando informes técnicos y señaló que posteriormente habrá que "analizar la documentación" para determinar si el proyecto es viable. "No podemos decir si vamos a apoyar o no la mina de Touro", comentó Díaz, que pidió "tiempo" para que "los técnicos miren y evalúen" para establecer también eventuales "media correctoras o compensatorias", ya que es "un proyecto extenso y amplio", dijo. "Si el proyecto del promotor no cumple las garantías" entonces "este Gobierno dirá no, basándose en criterios técnicos", aunque, concluyó que también "si el proyecto las cumple, dirá sí".
El diputado de En Marea afirmó que la respuesta ofrecida por la representante de la Xunta "me valdría perfectamente" si no fuese por los precedentes sobre el abandono de la mina, explotada entre 1973 y 1986, y preguntó si ha abierto algún expediente sancionador, a lo que Díaz aseguró que sí, sin dar más detalles. Sánchez reprochó a la Xunta que "niega información a quienes intentan dar luz" sobre los eventuales problemas ambientales y acusó al Gobierno autonómico de "utilizar como norma" la "complicidad y pasividad", por lo que "nos cuesta creer de que todo se hará conforme a la legalidad en la mina de Touro, porque hasta ahora nada de eso se hizo", concluyó.
