5 de octubre de 2022, 11:18
Francisco José Garzón Amo, maquinista del Alvia que por un exceso de velocidad impactó contra un muro de hormigón el 24 de julio de 2013 con el saldo de 80 víctimas mortales y casi centenar y medio de heridos, ha llegado al juicio que este miércoles se inicia "nervioso" y "preocupado".
Es lo que ha contado a la prensa su abogado, Manuel Prieto, que en declaraciones en la Ciudad de la Cultura, complejo que acoge la vista oral, ha confiado en que los cuatro años de cárcel que le piden nunca lleguen a ser tal: "Esperemos que esa pena no llegue a producirse".
La otra, la de la tragedia, "como persona evidentemente la lleva por dentro", ha desvelado el letrado sobre su cliente, y ha admitido que su deseo es que "se sepa toda la verdad".
El abogado ha ahondado en el mensaje de que todo empieza, "no por una llamada telefónica", la que recibe Garzón Amo del interventor de a bordo y que provocó su despiste; y sí, en cambio, por la puesta en servicio de una línea "carente de seguridad".
"Faltaban señales y balizas", ha precisado, y ha dicho que hoy ese siniestro no habría tenido lugar.
"Los humanos cometemos errores", ha hecho hincapié Prieto, pero ha remarcado que el desencadenante no ha sido ese.
Hay dos únicos acusados, que son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un excargo de Adif responsable de la seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte.
Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos.
El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos (669 testificales en total), con el matiz de que las partes puedan desistir de alguna, ya sea antes o durante el juicio.
La vista será larga y estará centrada en la responsabilidad del conductor, que recibió una llamada del interventor de a bordo y abordó la curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad permitida (191 frente a 80), y la del administrador de la infraestructura, por eventuales problemas que afectasen a la seguridad de la instalación al no prever un frenado técnico ante un error humano.
La sesión de este 5 de octubre estará dedicada a resolver cuestiones previas y, dado el número de partes personadas y escritos presentados, no será breve.
Es lo que ha contado a la prensa su abogado, Manuel Prieto, que en declaraciones en la Ciudad de la Cultura, complejo que acoge la vista oral, ha confiado en que los cuatro años de cárcel que le piden nunca lleguen a ser tal: "Esperemos que esa pena no llegue a producirse".
La otra, la de la tragedia, "como persona evidentemente la lleva por dentro", ha desvelado el letrado sobre su cliente, y ha admitido que su deseo es que "se sepa toda la verdad".
El abogado ha ahondado en el mensaje de que todo empieza, "no por una llamada telefónica", la que recibe Garzón Amo del interventor de a bordo y que provocó su despiste; y sí, en cambio, por la puesta en servicio de una línea "carente de seguridad".
"Faltaban señales y balizas", ha precisado, y ha dicho que hoy ese siniestro no habría tenido lugar.
"Los humanos cometemos errores", ha hecho hincapié Prieto, pero ha remarcado que el desencadenante no ha sido ese.
Hay dos únicos acusados, que son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un excargo de Adif responsable de la seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte.
Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos.
El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos (669 testificales en total), con el matiz de que las partes puedan desistir de alguna, ya sea antes o durante el juicio.
La vista será larga y estará centrada en la responsabilidad del conductor, que recibió una llamada del interventor de a bordo y abordó la curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad permitida (191 frente a 80), y la del administrador de la infraestructura, por eventuales problemas que afectasen a la seguridad de la instalación al no prever un frenado técnico ante un error humano.
La sesión de este 5 de octubre estará dedicada a resolver cuestiones previas y, dado el número de partes personadas y escritos presentados, no será breve.
