jueves. 28.03.2024

El Camino de Santiago, histórica ruta de peregrinación, no solo es escenario de arte sino de reivindicaciones, entre ellas la defendida hoy por la "Marcha del Peregrino contra el Tráfico de Órganos", previa a la conferencia internacional que se va a celebrar en Compostela mañana y pasado. Los caminantes, entre ellos reconocidos doctores y altos cargos, han optado por llevar en sus chubasqueros el lema "Walking against trafficking organ". El director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y participante en esta ruta, Rafael Matesanz, quien remarca que España tiene un "rol pionero" en la lucha contra esta lacra, señala que aunque en este país no haya una gran incidencia de este problema, lo cierto es que "ninguno es inmune" a una práctica como la que se aborda, a todas luces ilegal. La cita gallega, organizada por los Ministerios de Sanidad y de Justicia y el Consejo de Europa, reunirá a más de 200 especialistas y se iniciará precisamente con la firma del Convenio contra el Tráfico de Órganos adoptado por el Consejo de Europa el pasado julio y en cuya aprobación España ha tenido un papel muy importante.

 

En la víspera de este congreso, Rafael Matesanz ha reparado en una conversación con Efe en el hecho de que los trasplantes ilegales de órganos pueden suponer, en porcentaje, cerca del diez por ciento de todos los que se practican en el mundo, y por ello ve necesario que se produzca una "actuación integral". En 2014, ha recordado, España vivió un intento documentado de compra-venta de órganos que "afortunadamente no cristalizó" y esto "porque nuestro país es muy garantista y la Policía actuó de manera inmediata en el momento en que se conoció que un acaudalado alcalde libanés había viajado aquí con la intención de conseguir un donante de órganos de forma ilegal".

 

Para evitar casos como éste, y la dicotomía entre "ciudadanos ricos de países pobres que necesitan un órgano y no tienen acceso y gente que no tiene dinero pero sí los órganos", nace ese convenio, que atiende a la protección de las víctimas y fomenta la cooperación nacional e internacional. Por la existencia de este convenio, ha apuntado Matesanz, "España ha luchado durante mucho tiempo y se trata del documento de mayor valor a nivel internacional, máxime contra esta lacra que va en auge aunque por el momento sea prácticamente imposible medir en qué proporción". Rafael Matesanz ha valorado que se dé un paso tan firme puesto que la única forma de paralizar este problema es la cooperación internacional "amplia", que permita crear un entramado legal con capacidad de castigar pero también de prevenir. Acerca de los trasplantes legales, este experto ha presumido de la "excelente salud" de España en este campo, dado que en 2014 hubo un máximo histórico en el número de donaciones y trasplantes de órganos, con 4.360 pacientes trasplantados y una tasa de 36 donantes por millón de habitantes.

 

El reto, ha subrayado, es llegar a "40 donantes por millón de personas, una cifra que no se ha alcanzado en ningún momento en ninguna parte del mundo", ha destacado Matesanz, quien ha dicho que en Galicia hay unos "buenos índices" pero, respecto a la media española, esta Comunidad presenta una "tasa más alta de negativa familiar". Sobre este aspecto hay que trabajar puesto que "de que se diga que sí o que no, puede depender la vida de muchísimas personas".

 

El responsable de la División de Trasplantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), José Ramón Núñez, ha compartido hoy esta tesis y ha abundando, además, en que la sanidad pública es el "pilar fundamental" en la batalla contra el tráfico de órganos, al existir esa donación de forma "justa y equitativa". De haber un número suficiente de donantes, se erradicarían esos métodos reprochables y que han de ser perseguidos, así que, ha comentado a Efe, "si logramos que haya suficientes donaciones para los enfermos que esperan un órgano, no existiría ese problema". Núñez también se detiene en el caso de las personas con recursos que ante su situación particular o la de un familiar próximo "hacen cualquier cosa, como irse a otro país a comprar órganos". En su charla, sin embargo, hace especial hincapié en que "son pocas las personas que pueden afrontar el gasto que supone el desarrollo sanitario en sí en la vida de una persona después del trasplante, puesto que se ha de medicar ese paciente de por vida". Así, "muy pocas personas pueden permitirse afrontar ese gasto de intervención y medicación, mientras que la sanidad pública cubre cualquier aspecto".

 

España, ha proseguido, es líder mundial en trasplantes, hay una cultura de donación impulsada desde el sistema público y la sociedad ha entendido la importancia de ese gesto, pero en países subdesarrollados y con mayores desigualdades sociales, la gente ve que "solo quien tiene más dinero o más poder, tiene el órgano, lo que supone una desmotivación absoluta". Núñez, al igual que Matesanz, ve crucial el convenio ya que se crea un marco global para tipificar como delito el tráfico de órganos. "Ofrece una oportunidad para lograr una acción concertada a nivel mundial mediante la armonización de las legislaciones nacionales y sienta las bases para la cooperación internacional para frenar esta práctica clandestina, que según las estimaciones de la OMS se sitúa en un total de 10.000 trasplantes al año", ha asegurado. Los ministros de Sanidad, Alfonso Alonso, y de Justicia, Rafael Catalá, asisten mañana en Santiago a la firma del convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos.

 

Peregrinación contra el tráfico de órganos en el Camino de Santiago