27 de octubre de 2022, 18:41
María Elena Fernández Currás (Vigo, 1 de abril de 1966) es la jueza que está al frente del mayor proceso de la historia de Galicia, el del Alvia, y han bastado seis días para que se revelen sus tablas, su solvencia y su manera de agilizar las sesiones manteniendo en sala un ambiente de estabilidad.
En las cuestiones previas, el pasado día 5, ya afloró su carácter.
"No acabamos en años como empecemos con informes y contrainformes" y "nos ponemos en 2025" son apenas dos de sus cristalinos comentarios durante esa fase, la cual se resolvió muchísimo antes de lo previsto, pues bastó una mañana para liquidar esa parte cuando en un principio se creía que, con un centenar de abogados, iban a ser necesarias dos, incluso tres.
Permitió después Fernández Currás a los dos únicos acusados, el maquinista Francisco José Garzón Amo y el otrora responsable de la seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, no tener que acudir al plenario pasadas sus testificales.
Ni uno ni otro han vuelto después de hablar. Y Garzón ni siquiera presenció en la Ciudad de la Cultura la declaración del excargo del administrador de la infraestructura ferroviaria.
A la puntual magistrada le molestó en una ocasión el ruido de una protesta y no dudó en compartirlo. Otra vez se le hacía muy incómoda la sombra de una persona que veía pegada a la pared de la instalación que acoge esta vista oral y no dudó en abandonar diligente el estrado presidencial para hacérselo saber.
Si tiene que recriminar, actúa.
Se ha mostrado amable con los dos justiciables y con los letrados, pese a algún que otro tirón de oreja, ya sea por desviarse del objeto del juicio, por preguntar de manera repetitiva o por pretender, algunos, estar acompañados de los colegas de gabinete con posibilidad de intervenir ambos al acudir en pareja.
"Yo podría tener un juez de apoyo, pero no lo tengo. Y el fiscal (Mario Piñeiro) también podría tener apoyo, pero no", fue la réplica de la reguladora.
Este jueves por ejemplo no ha dejado hablar a dos juristas que casualmente comparten patrocinado y aconsejó que tomase la palabra uno y el otro le pasase las preguntas que se le fuesen ocurriendo.
Lleva mal Elena Fernández que las cuestiones no se formulen claramente. "¿Cuál es la pregunta?", ha solicitado saber por momentos. Tampoco es entusiasta de las introducciones largas. Ni de las deducciones. Ni de exponer porque sí las actas que están en poder del conjunto.
"Letrada, no se repita", "impertinente", "no admito debates conmigo, yo tengo que escuchar lo que dicen pero ustedes a mí también", "haga la pregunta, tenemos las actas", "no haga conclusiones ni cábalas, haga preguntas", "veinte veces lo mismo, vamos, ya veo que tiene apuntadas todas las preguntas, vaya tachando", son apenas unos pocos de sus requerimientos públicos.
También tiene para los testigos: "Debe contestar a lo que se le pregunta mientras no declare yo impertinente la pregunta" o "cuando conteste, conteste hacia el micro. No es cuestión de volver a repetirlo. Eso (no grabar bien) sí que nos anularía el juicio".
Sobre esto último ha apercibido este 27 de octubre al jefe de maquinistas de la gerencia de Galicia Renfe Operadora, José Ramón Iglesias Mazaira. Ya lo había hecho previamente con Garzón Amo, que llegó a insinuar que de acercarse más a ese dispositivo se lo iba a comer.
Sea como fuere, si no escucha como debe, Fernández Currás deja constancia de ello: "O no vocaliza bien o...", "ya me perdí", "hable más alto".
Si alguien tiene una urgencia, como ha ocurrido en esta jornada, cuando uno de los abogados necesitó ir al baño, permite un receso sin problema. Y no duda en tirar de ironía: "Después como les dé tiempo van a seguir hasta las cuatro..."
Un aviso a navegantes para que no se eternicen.
María Elena Fernández Currás lleva 14 años en el juzgado de lo penal número dos de Santiago, donde un juez de apoyo se encarga desde hace tiempo de los asuntos ordinarios, pues ella, la titular, lleva desde principios de año entregada a esta macrocausa, la del siniestro que costó la vida a ochenta personas y provocó lesiones a otras 145.
Está Elena Fernández al frente de un suceso muy mediático pero el nombre de esta mujer que decidirá el destino de los imputados, y que cuenta con una trayectoria de tres décadas, salió a nivel nacional cuando en marzo de 2015 condenó a Manuel Fernández Castiñeiras, el ladrón del Códice Calixtino, a 190 años -pese a que el cumplimiento efectivo era de tres- por el robo continuado a lo largo de un lustro de correspondencia ordinaria de sus vecinos.
Los 190 años se corresponden con la sustracción de otras tantas cartas que este electricista de profesión almacenaba en su casa por el simple afán de acumular.
Un mes antes había sido castigado penalmente por el robo de la joya literaria de la Catedral de Santiago.
Elena es, además, la hermana mayor de Marta Fernández Currás, dos años conselleira de Hacienda con Alberto Núñez Feijóo, hoy líder del PP, cuando era presidente de la Xunta; y ascendida a secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda cuando Mariano Rajoy se situó al frente del Gobierno central.
La misión de la jueza Elena, ahora, es dirimir responsabilidades sobre lo ocurrido en Angrois. Sentenciar. Ese esperado fallo llegará diez años después de la peor tragedia ferroviaria de España en todo lo que va de democracia.
En las cuestiones previas, el pasado día 5, ya afloró su carácter.
"No acabamos en años como empecemos con informes y contrainformes" y "nos ponemos en 2025" son apenas dos de sus cristalinos comentarios durante esa fase, la cual se resolvió muchísimo antes de lo previsto, pues bastó una mañana para liquidar esa parte cuando en un principio se creía que, con un centenar de abogados, iban a ser necesarias dos, incluso tres.
Permitió después Fernández Currás a los dos únicos acusados, el maquinista Francisco José Garzón Amo y el otrora responsable de la seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, no tener que acudir al plenario pasadas sus testificales.
Ni uno ni otro han vuelto después de hablar. Y Garzón ni siquiera presenció en la Ciudad de la Cultura la declaración del excargo del administrador de la infraestructura ferroviaria.
A la puntual magistrada le molestó en una ocasión el ruido de una protesta y no dudó en compartirlo. Otra vez se le hacía muy incómoda la sombra de una persona que veía pegada a la pared de la instalación que acoge esta vista oral y no dudó en abandonar diligente el estrado presidencial para hacérselo saber.
Si tiene que recriminar, actúa.
Se ha mostrado amable con los dos justiciables y con los letrados, pese a algún que otro tirón de oreja, ya sea por desviarse del objeto del juicio, por preguntar de manera repetitiva o por pretender, algunos, estar acompañados de los colegas de gabinete con posibilidad de intervenir ambos al acudir en pareja.
"Yo podría tener un juez de apoyo, pero no lo tengo. Y el fiscal (Mario Piñeiro) también podría tener apoyo, pero no", fue la réplica de la reguladora.
Este jueves por ejemplo no ha dejado hablar a dos juristas que casualmente comparten patrocinado y aconsejó que tomase la palabra uno y el otro le pasase las preguntas que se le fuesen ocurriendo.
Lleva mal Elena Fernández que las cuestiones no se formulen claramente. "¿Cuál es la pregunta?", ha solicitado saber por momentos. Tampoco es entusiasta de las introducciones largas. Ni de las deducciones. Ni de exponer porque sí las actas que están en poder del conjunto.
"Letrada, no se repita", "impertinente", "no admito debates conmigo, yo tengo que escuchar lo que dicen pero ustedes a mí también", "haga la pregunta, tenemos las actas", "no haga conclusiones ni cábalas, haga preguntas", "veinte veces lo mismo, vamos, ya veo que tiene apuntadas todas las preguntas, vaya tachando", son apenas unos pocos de sus requerimientos públicos.
También tiene para los testigos: "Debe contestar a lo que se le pregunta mientras no declare yo impertinente la pregunta" o "cuando conteste, conteste hacia el micro. No es cuestión de volver a repetirlo. Eso (no grabar bien) sí que nos anularía el juicio".
Sobre esto último ha apercibido este 27 de octubre al jefe de maquinistas de la gerencia de Galicia Renfe Operadora, José Ramón Iglesias Mazaira. Ya lo había hecho previamente con Garzón Amo, que llegó a insinuar que de acercarse más a ese dispositivo se lo iba a comer.
Sea como fuere, si no escucha como debe, Fernández Currás deja constancia de ello: "O no vocaliza bien o...", "ya me perdí", "hable más alto".
Si alguien tiene una urgencia, como ha ocurrido en esta jornada, cuando uno de los abogados necesitó ir al baño, permite un receso sin problema. Y no duda en tirar de ironía: "Después como les dé tiempo van a seguir hasta las cuatro..."
Un aviso a navegantes para que no se eternicen.
María Elena Fernández Currás lleva 14 años en el juzgado de lo penal número dos de Santiago, donde un juez de apoyo se encarga desde hace tiempo de los asuntos ordinarios, pues ella, la titular, lleva desde principios de año entregada a esta macrocausa, la del siniestro que costó la vida a ochenta personas y provocó lesiones a otras 145.
Está Elena Fernández al frente de un suceso muy mediático pero el nombre de esta mujer que decidirá el destino de los imputados, y que cuenta con una trayectoria de tres décadas, salió a nivel nacional cuando en marzo de 2015 condenó a Manuel Fernández Castiñeiras, el ladrón del Códice Calixtino, a 190 años -pese a que el cumplimiento efectivo era de tres- por el robo continuado a lo largo de un lustro de correspondencia ordinaria de sus vecinos.
Los 190 años se corresponden con la sustracción de otras tantas cartas que este electricista de profesión almacenaba en su casa por el simple afán de acumular.
Un mes antes había sido castigado penalmente por el robo de la joya literaria de la Catedral de Santiago.
Elena es, además, la hermana mayor de Marta Fernández Currás, dos años conselleira de Hacienda con Alberto Núñez Feijóo, hoy líder del PP, cuando era presidente de la Xunta; y ascendida a secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda cuando Mariano Rajoy se situó al frente del Gobierno central.
La misión de la jueza Elena, ahora, es dirimir responsabilidades sobre lo ocurrido en Angrois. Sentenciar. Ese esperado fallo llegará diez años después de la peor tragedia ferroviaria de España en todo lo que va de democracia.
