domingo 17/10/21

Trabajadores de Mahía niegan la existencia de pagos con dinero "negro"

Varios trabajadores de la empresa Mahía Inmobiliaria han negado este jueves el sistema de pago con dinero "negro", en sus declaraciones como testigos en la vista oral de juicio que investiga delitos societarios, de administración desleal y de apropiación indebida.

Varios trabajadores de la empresa Mahía Inmobiliaria han negado este jueves el sistema de pago con dinero "negro", en sus declaraciones como testigos en la vista oral de juicio que investiga delitos societarios, de administración desleal y de apropiación indebida. Aunque la sección sexta de la Audiencia provincial de A Coruña examina como tema central el presunto desvío de actividades por parte del administrador de la inmobiliaria, Ramón López Casal, a otras empresas, la acusación particular apuntó en la jornada anterior la existencia de pagos sistemáticos en "negro".

 

Así lo han atestiguado dos detectives privados contratados por un socio de Mahía, que presentó la querella que dio origen al caso, Manuel Gómez Maroñas, quien reclama 82 millones a López Casal y a los otros cinco acusados -todos ellos empleados de Mahía- por el perjuicio económico generado por el supuesto desvío de actividad. Los detectives, que se hicieron pasar por compradores, han asegurado que la citada empresa inmobiliaria les habían ofrecido la posibilidad de pagar parte del dinero por la compra de bienes inmuebles con dinero "negro". Sin embargo, una empleada comercial de Mahía que trató con ellos, que ha declarado como testigo, ha desmentido esta versión, alegando que "dijeron que habían cobrado una herencia y tenían mucho dinero en negro".

 

La empleada ha asegurado que "se veía claramente que su intención no era la compra, sino invertir ese dinero, que querían colocar como fuera", ya que "quien viene a comprar está más preocupado por precios y descuentos que por la forma de pago", que es precisamente "por lo que más preguntaron”. En este sentido, esta empleada ha señalado que la plantilla "sabía que Maroñas había enviado a gente en busca de pruebas de este tipo, para ver si le seguíamos el rollo", pero en este caso "no parecía que fuese cierto que tuviesen ese dinero", por lo que trasladó sus sospechas a la dirección de la empresa.

 

Otro de los testigos, un contable, ha respondido a preguntas sobre las discrepancias observadas en algunos informes entre los precios de venta y la cantidad finalmente pagada -que solía ser menor-, un hecho que ha achacado a que, en ocasiones, se rebajaban los precios cuando una promoción no funcionaba bien.

 

"En ocasiones los clientes ofrecían la permuta de algún suelo o se le ofrecían descuentos; en todo caso, esa diferencia entre la tarifa y el precio de la escritura aparecía en otros apartados de la contabilidad", ha zanjado el economista. La prueba de estas prácticas podría contribuir a determinar la cuantía de la indemnización que recibiría Maroñas en caso de declarar culpable a López Casal, a quien todos los trabajadores han coincidido en señalar cómo la persona que tomaba todas las decisiones administrativas en Mahía.

 

La inmobiliaria Mahía, dedicada a promover y construir viviendas y a comprar fincas, se constituyó en septiembre de 1989 con un 34 % del capital de Maroñas, un 33 % de Antonio Bello y el 33 % restante de otro socio, E.C.C.. Dos años después, López Casal adquirió el paquete accionarial de este último y pasó a ser el administrador único de la sociedad, y en los años siguientes fue creando un grupo empresarial formado por múltiples sociedades participadas por los tres socios. Según la Fiscalía, en paralelo, López Casal también constituyó "con la eficaz colaboración" de los demás acusados -PE.B.I., MA.R.P., I.R.P., y P.L.F, M.L.F..- una serie de sociedades de las que no tenían conocimiento los socios de Mahía Inmobiliaria, hacia las que, paulatinamente, fue desviando negocios.

 

López Casal está acusado de administración desleal, apropiación indebida continuada y otros delitos por los que se enfrenta a doce años de prisión y a una multa de 26.535 euros, así como al pago de indemnizaciones de 8 millones de euros que exige la Fiscalía a 82 millones de euros que pide la acusación particular. Por su parte, cada uno de los demás acusados se expone a nueve años y medio de prisión y a una multa de 21.045 euros por los mismos delitos que López Casal. El juicio continuará el próximo martes con la intervención de varios peritos y las nueve jornadas restantes previstas, en principio, están programadas en días alternos durante el mes de junio.

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