La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha demandado al Ministerio de Transportes y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por incumplimiento de la normativa y su falta de independencia.
La asociación de víctimas del Talgo 04144, perteneciente al servicio de Renfe Alvia, siniestrado en Santiago de Compostela en 2013, con un trágico saldo de 80 muertos y 152 heridos, solicitó en diciembre pasado al ministro José Luis Ábalos la renovación de parte de los miembros de la CIAF y una nueva investigación objetiva tutelada por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), que cumpliera con los requisitos legalmente establecidos.
Se trataba de una petición en vía administrativa como paso previo al trámite judicial en caso de no obtener respuesta en tres meses o que la misma fuera desestimatoria.
Tras recibir una resolución del ministerio del pasado 17 de marzo en la que se desestimaba formalmente su solicitud, además de que, a su vez, la comisión, por presunto de silencio negativo, negaba la apertura de una nueva investigación, la plataforma se ha visto obligada a acudir a los tribunales.
La entidad ha recordado este jueves que la Comisión Europea (CE) inició en enero de 2019 un procedimiento sancionador contra España por haber incumplido las directivas comunitarias con relación a la investigación de accidentes y a la seguridad ferroviaria.
La CE ponía en entredicho el trabajo de la CIAF, al apuntar las deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza y estudia los accidentes e incidentes.
En un informe "demoledor", a juicio de la plataforma, la ERA concluyó que el Gobierno español no cumplió con la obligación de investigar la tragedia conforme a la directiva de seguridad europea, poniendo de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por la CIAF.
La ERA consideró que la agencia no había analizado las causas de raíz, precisamente aquellas que afectan al propio ministerio, Adif y Renfe, por lo que debería abrirse una investigación que cumpliera con los requisitos de independencia, objetividad y de audiencia a víctimas y familiares.
Además, la CE ha pedido en varias ocasiones al ministerio que lleve a cabo una investigación técnica independiente, ha indicado la asociación.
Las víctimas consideran que los miembros de la CIAF están haciendo "una grave dejación de funciones y faltan al obligado cumplimiento de la directiva europea" y que Ábalos "no puede eludir su responsabilidad y debe seguir los dictámenes de la UE".
Recuerdan que la ley del sector ferroviario permite al ministro destituir a los miembros de la CIAF y crear una nueva comisión de investigación técnica independiente, lo que demandan para saber la verdad.
