La plataforma Víctimas Alvia 04155 ha expresado su satisfacción por el último auto del juez Luis Aláez en el que imputa a exdirectivos de Adif como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva y "posibles partícipes", por "imprudencia", en los de homicidios y lesiones.
El magistrado que investiga el accidente de tren registrado el 24 de julio de 2013 en la capital gallega entiende que los fallos en los sistemas de control y de protección pudieron haber generado "un riesgo intolerable que a la postre se ha traducido en el descarrilamiento de un tren con desastrosas consecuencias".
Entre los imputados se encuentra el que fuera presidente de Adif, Antonio González Marín, el entonces director de seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y nueve miembros del consejo de administración, Juan Carlos Cáceres, Mercedes Rodríguez Arranz, Félix Díaz Martínez, Juan Ángel Mairal, Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado, Carlos María Juárez Colera, Mercedes Caballero y Gerardo Luis Gavilanes.
Las declaraciones comenzarán el 22 de este mes, cuando está citado Cortabitarte, seguirán los días 23, 26 y 27, y concluirán el 28, con González Marín. El juez, que ha estado recibiendo en las últimas fechas informes periciales que inciden en que no había suficientes medidas de seguridad en la curva de A Grandeira, donde se produjo la tragedia ferroviaria, ya había imputado en su día a directivos de esta compañía pública.
Las víctimas, en un comunicado de prensa, han indicado que decisiones al "más alto nivel" en Adif y Renfe pudieron haber comprometido la seguridad de los viajeros, máxime cuando en 2010, con José Blanco como ministro de Fomento, se tomó la decisión de cambiar el proyecto original, en el que el sistema de control constante de velocidad -Ertms- llegaba hasta la estación compostelana.
"Todo apunta a que las prisas por inaugurar el tramo de alta velocidad en período electoral tuvieron que ver en esta decisión. No se puede permitir que José Blanco vaya en las listas europeas.
Miente y oculta información sobre la alta velocidad, como ya denunciamos", exponen. En 2012, ya con Ana Pastor en esta cartera, añaden, "no solo no se corrige este error y se lleva el Ertms hasta Santiago, incluyendo el tramo más peligroso, sino que además se autoriza que los trenes Alvia apaguen el Ertms sin ningún análisis previo". Esta vez, dicen las víctimas, "como ya señaló un auto del juez Luis Aláez", anteponiendo intereses comerciales y "poniendo en riesgo la segurid
ad de los pasajeros" porque de haber estado activado el sistema Ertms en el tramo instalado, "se hubiera evitado el accidente al avisar al conductor de la velocidad inadecuada y frenando el tren automáticamente de no detenerse el aviso".
Así, reclaman una comisión de investigación en el Congreso, y que comparezcan el Ejecutivo anterior y el actual hasta explicar "con luz y taquígrafos" por qué y quién "puso en riesgo" la vida de miles de personas.
