Las víctimas del accidente del tren que descarriló el 24 de julio de 2013 en Santiago se han mostrado indignadas con el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que ha determinado como causas de la tragedia de Angrois la "velocidad y el despiste" del maquinista. Todos los consultados han coincidido en su queja de que este órgano adscrito al Ministerio de Fomento no es independiente y, por tanto, no parece acertado que se convierta en "juez y parte". El presidente de la asociación de perjudicados Apafas, Cristóbal González, ha dicho que el análisis es "injusto y desacertado" pero ni más ni menos "que lo que se esperaba, es decir, otro tanto de lo mismo".
"Si pudieran ocultar la culpa del maquinista" Francisco José Garzón Amo, también lo harían, "pero como no hay ni Dios que diga que el maquinista no tiene culpa, entonces se agarran a todo lo demás", ha señalado, y ha apuntado que todo el mundo sabe que "la ineficacia de los sistemas de seguridad" está entre los motivos del siniestro. "Es un accidente que se podría haber evitado y esto quiere decir que alguien no ha hecho las cosas bien", ha significado este hombre, uno de los pasajeros de ese convoy que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol. El sevillano Cristóbal González llegó a despedirse de su familia por medio de un 'WhatsApp' al creer que su vida llegaba a su término.
"Adiós, te quiero", escribió a su mujer e hijos. Estaba haciendo el Camino, y a un amigo que conoció en la ruta y a él les aconsejaron llegar cuanto antes a Santiago, para vivir las fiestas del Apóstol y la celebración del Día de Galicia, efeméride que se conmemora el 25 de julio. No lo dudaron y se subieron en Puebla de Sanabria. Cristóbal González tuvo una herida en la cabeza, por las incrustaciones metálicas y daños en sus costillas. Se despertó, tras auxiliar a los que pudo, en la clínica compostelana La Rosaleda. Jesús Domínguez, un portavoz de la plataforma Víctimas Alvia 04155, ha comentado que la CIAF no tiene "ninguna credibilidad" al no ser independiente y, tras expresar su indignación, ha apuntado que "esto es una tomadura de pelo".
Las recomendaciones que figuran en este informe, señalizar en la vía las reducciones de velocidad a partir de cierto rango e implantar balizas para controlar la velocidad y para que se pueda producir su frenado si se rebasase, las ha interpretado como "una broma de mal gusto". "Lo es -ha remarcado- para los familiares y para la ciudadanía en general. Son recomendaciones que ya se deberían haber cumplido" y lo único que se quiere con este estudio es procurar "un lavado de imagen" a costa "del dolor y sufrimiento" de una sociedad a la que el Estado "le toma el pelo". Óscar Nicolás Alonso, un vecino de Guadalajara que perdió a su hermana Rosa María y elevó a la plataforma Change.org una petición para reclamar una comisión de investigación en el Congreso al ver que quedaban preguntas sin resolver y responsabilidades que depurar, se ha declarado "indignadísimo". "Quitan hierro al asunto para que no les salpique, cuando están salpicados hasta el fondo desde el que fue ministro de Fomento, Pepe Blanco, hasta la ministra de ahora, Ana Pastor".
La CIAF, ha asegurado, debería ser imparcial, y lo que en todo caso no se puede hacer, es "disculpar" así a los cargos que tienen responsabilidades y "echarle todo encima" al maquinista. "Es algo vergonzoso, y lo es mucho para mí, que perdí a dos familiares, a mi hermana, que era como mi madre, y a mi cuñado". En el marco de la causa judicial, el juez Luis Aláez ha imputado al consejo de administración de Adif en 2011, del que formaba parte el actual interventor general del Estado, José Carlos Alcalde. También ha citado a declarar al presidente de Adif en 2011, Antonio González Marín, y al responsable de seguridad, Andrés Cortabitarte, aunque ninguno prestó testimonio. Tampoco los nueve vocales del consejo de Adif que formaban parte de la cúpula ese año. Todos los representantes de víctimas preguntados han mostrado su preocupación por si la Audiencia Provincial de A Coruña levanta estas imputaciones cuando resuelva los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
