El Gobierno español, en su última sesión del Consejo de Ministros, ha aprobado un real decreto que impone un marco regulatorio más estricto sobre la actividad de los influencers en el país.
A partir de ahora, para ser reconocido oficialmente como un "usuario de especial relevancia", un influencer debe cumplir con tres criterios específicos: facturación anual mínima de 300,000 euros provenientes de su actividad audiovisual, más de un millón de seguidores en una sola plataforma de intercambio de vídeos o más de dos millones de seguidores en total, y la publicación de al menos 24 vídeos al año.
Esta nueva regulación obliga a los influencers que cumplan estos requisitos a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales dentro de un plazo de dos meses.
Tras la inscripción, estos influencers tendrán que adherirse a normas estrictas de protección de menores y regulaciones publicitarias, que incluyen la obligación de identificar claramente los contenidos publicitarios y de evitar la promoción de productos como tabaco, medicamentos o alcohol.
José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, destacó en una rueda de prensa la importancia creciente de los creadores de contenido en redes sociales y la necesidad de equiparar sus responsabilidades con las de otros actores del ámbito audiovisual.
Asimismo, el decreto busca proteger a los menores mediante la implementación de herramientas de identificación digital de edad para contenidos inapropiados y la etiquetación de los mismos según el grupo de edad al que están dirigidos.
Este nuevo marco regulatorio no solo aumenta la protección de los consumidores sino que también proporciona mayor seguridad jurídica a los influencers, cuyo impacto y volumen económico en las plataformas de contenido audiovisual son significativos, según defendió el Gobierno.
