jueves. 28.03.2024

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de O Porriño, PSOE y BNG, han denunciado que el alcalde, el popular Nelson Santos, ha llenado de acólitos el salón de sesiones, al que han accedido por la puerta trasera de la casa consistorial, para el pleno que esta tarde debatirá su recusación.


En contra de lo que es costumbre en Porriño, permitir el acceso al público diez minutos antes de las sesiones por la puerta principal del ayuntamiento, el salón se llenó al menos con una hora de antelación y a través de otro acceso, según los grupos de la oposición.


El público presente, medio centenar de simpatizantes del alcalde, han recibido con abucheos a los concejales de PSOE y BNG y con vítores a Santos, al tiempo que han exhibido carteles de apoyo, mientras se escuchaban desde el exterior los gritos de reprobación de otras cincuenta personas, que exigían a voz en grito su dimisión.


La portavoz del PSOE, Eva García de la Torre, se ha enzarzado dialécticamente con un asistente antes de comenzar el pleno, y una vez iniciado ha afirmado que la selección del público "no es democrática ni legal", por lo que ha exigido que se vaciara el salón y se diera la oportunidad de entrar a quienes se quedaron fuera.


Su homólogo en el BNG, Pedro Pereira, que junto a los otros ediles de su grupo recibieron a Santos con carteles pidiendo su dimisión, ha intuido la "preocupación" del alcalde por buscar un aforo "cómodo" el día que se debate una moción sobre su recusación y la de dos concejales imputados en la Operación Multiusos.


Santos ha replicado que en el pleno de febrero de 2010 de la moción de censura que lo aupó a la alcaldía el BNG hizo lo mismo.


En la sesión ordinaria, cuyo orden del día incluye un total de trece puntos, se han ausentado el concejal del PP Manuel Carrera, que fue precisamente quien destapó las presuntas irregularidades en la contratación de obras y servicios que investiga la Operación Multiusos, y el edil del BNG Gustavo Domínguez.


Este caso judicial investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y contra el derecho de los trabajadores.


Están imputados el alcalde, Nelson Santos, y los concejales José Manuel Jacobo y Alejandro Lorenzo, además de un funcionario del INEM y tres empresarios.


En contra de lo que es costumbre en Porriño, permitir el acceso al público diez minutos antes de las sesiones por la puerta principal del ayuntamiento, el salón se llenó al menos con una hora de antelación y a través de otro acceso, según los grupos de la oposición.


El público presente, medio centenar de simpatizantes del alcalde, han recibido con abucheos a los concejales de PSOE y BNG y con vítores a Santos, al tiempo que han exhibido carteles de apoyo, mientras se escuchaban desde el exterior los gritos de reprobación de otras cincuenta personas, que exigían a voz en grito su dimisión.


La portavoz del PSOE, Eva García de la Torre, se ha enzarzado dialécticamente con un asistente antes de comenzar el pleno, y una vez iniciado ha afirmado que la selección del público "no es democrática ni legal", por lo que ha exigido que se vaciara el salón y se diera la oportunidad de entrar a quienes se quedaron fuera.


Su homólogo en el BNG, Pedro Pereira, que junto a los otros ediles de su grupo recibieron a Santos con carteles pidiendo su dimisión, ha intuido la "preocupación" del alcalde por buscar un aforo "cómodo" el día que se debate una moción sobre su recusación y la de dos concejales imputados en la Operación Multiusos.


Santos ha replicado que en el pleno de febrero de 2010 de la moción de censura que lo aupó a la alcaldía el BNG hizo lo mismo.


En la sesión ordinaria, cuyo orden del día incluye un total de trece puntos, se han ausentado el concejal del PP Manuel Carrera, que fue precisamente quien destapó las presuntas irregularidades en la contratación de obras y servicios que investiga la Operación Multiusos, y el edil del BNG Gustavo Domínguez.


Este caso judicial investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y contra el derecho de los trabajadores.


Están imputados el alcalde, Nelson Santos, y los concejales José Manuel Jacobo y Alejandro Lorenzo, además de un funcionario del INEM y tres empresarios.

Acusan a Nelson Santos de llenar con adeptos el salón de plenos por la puerta de atrás