Las declaraciones previstas para hoy de la secretaria municipal y de la exconcejal de Hacienda de Ponteareas, Belén Villar, en relación con la Operación Patos han sido aplazadas por enfermedad del abogado de una de las personas investigadas en esta pieza separada, informaron a Efe fuentes jurídicas. La secretaria, Pilar F.A., estaba citada para las 10.30 horas en el Juzgado de Instrucción 2 de Ponteareas, y la exedil de Hacienda, Belén Villar, para las 12.00 horas. Las declaraciones de ambas quedan fijadas para el 22 de febrero, y se mantiene para dos días más tarde la comparecencia del exalcalde, Salvador González Solla.
El pasado mes de diciembre, Solla compareció en el juzgado y entonces defendió la legalidad de todas las actuaciones investigadas en la Operación Patos y negó que recibiera regalo alguno de la concesionaria Aquagest "a cambio de ningún acuerdo". Su declaración se circunscribió a la adjudicación para la gestión y el mantenimiento de la estación de tratamiento de agua potable, y el resto de las cuestiones quedaron pendientes. La razón es que varios abogados de la defensa, entre ellos el de Belén Villar, solicitaron tener acceso a las conversaciones telefónicas intervenidas y no a las transcripciones de las mismas, así como que los interrogatorios fueran grabados.
González Solla dijo en su primera declaración estar "tranquilo" y consideró que alrededor de las actuaciones investigadas en la pieza separada de la Operación Patos que atañen a la corporación de Ponteareas existe "mucha confusión", y que en todos los casos se respaldaron en informes técnicos favorables. Argumentó que Aquagest es concesionaria del servicio municipal de agua desde 1989 y que bajo su mandato no existió una renovación del servicio sino "una mejora de la calidad del agua en base a una planta potabilizadora".
Su abogado, Norberto Uzal, señaló que en unas conversaciones telefónicas intervenidas entre el dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, y la exconcejal de Hacienda, Belén Villar, hay alusiones a expedientes municipales en los que la Policía "entiende que hay irregularidades". Estos son la adjudicación para la gestión y el mantenimiento de la estación de tratamiento de agua potable, la justificación de obras en el río Tea para una subvención y la justificación de gastos para un centro de día. El letrado abundó en que la Udef hizo "una interpretación inadecuada de cómo se tramitan" esos expedientes municipales y señaló que con las explicaciones que dio y dará su cliente "va a quedar claro que no solo no hay delito sino tampoco irregularidades administrativas".
