jueves. 28.03.2024

La historia de los hermanos Lourido podría haber servido de inspiración para una película de Berlanga, una novela de Kafka o un artículo de Larra. Pero para su desgracia es la realidad de dos empresarios de la hostelería, uno de ellos jubilado y el otro a punto, atrapados en una pesadilla burocrática.

 

Jaime y Adolfo Lourido regentan desde 1980 la cafetería de un hospital que ya no es un hospital, el Xeral de Vigo, ahora en proceso de reconversión en sede judicial. En su cafetería fantasma, en la que por no haber no hay ni un cartel que la señalice, solo los de prohibido el paso al personal ajeno a las obras, matan las horas mientras esperan que algún cliente fiel los salve del tedio. Lejos quedan los años en los que servían unas 300 comidas al día y facturaban más de un millón de euros al año, con 23 trabajadores en nómina de los que hoy solo queda un camarero.

 

Apenas hacen unos 25 euros de caja, algunos días ni eso, y acumulan unas pérdidas que cifran entre 40.000 y 45.000 euros al año. La penitencia de los hermanos Lourido comenzó en 2015, cuando el Servicio Gallego de Salud (Sergas) trasladó la actividad del Xeral a un nuevo hospital, el Álvaro Cunqueiro, en las afueras de Vigo, y convirtió el edificio que lo albergaba en un espacio baldío. Luego la Xunta decidió ubicar en este inmueble los nuevos juzgados de Vigo y logró la cesión del mismo por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando en 1996 los Lourido ganaron el concurso de la concesión de la cafetería por un periodo de 25 años no sospechaban que su negocio se acabaría convirtiendo en un quebradero de cabeza.

 

El contrato expira en 2021 y a él se remite el Servicio Gallego de Salud para no permitirles cerrar. Fuentes oficiales consultadas por Efe confirman este extremo y eluden dar más detalles al estar el asunto en los tribunales. Esto supone que los empresarios tendrán que aguantar otros tres años sin los clientes que daban sentido a su negocio: los profesionales que trabajaban en el hospital, los pacientes y sus familiares.

 

Los hermanos Lourido indican que varios interlocutores de Sanidad con los que han tenido contacto les trasladan que no pueden cerrar porque el contrato está vigente y porque, en sentido estricto, el hospital no ha cerrado, sino que se ha reducido la actividad asistencial. Y es que en uno de los anexos del antiguo Xeral hay habilitado un punto de atención continuada (PAC).

 

Algunos de sus profesionales se cuentan entre los escasos clientes que se acercan a la cafetería, alrededor de una docena. Los otros son "clientes de toda la vida, amigos", apuntan Jaime y Adolfo. Creen que la estrategia de la Xunta en todo este asunto es que se acaben "cansando", "a ver si nos aburrimos y cerramos". Algo a lo que no están dispuestos, ya que de ese modo entienden que perderían opciones en la demanda que tramita el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Santiago de Compostela.

 

Los Lourido reclaman al Sergas el coste de la indemnización por despido de 22 empleados, lucro cesante, la parte proporcional de las obras presupuestadas en 75 millones de pesetas, aunque dicen que acabaron costando 82 millones, y que formaban parte de la concesión, y las pérdidas acumuladas desde el cierre del Xeral. También se incluyó en la concesión una galería comercial que ellos construyeron y explotaron y la habilitación y gestión de otra cafetería en el Policlínico Cíes, a unos 200 metros del Xeral, que el Sergas sí les permitió cerrar al quedar sin actividad este edificio con la reestructuración del área sanitaria de Vigo en 2015.

 

Revelan que hace más de un año recibieron la oferta de una directiva del Sergas que se comprometía a asumir el coste de los despidos del personal a cambio de que desistieran del resto de sus demandas, y que la rechazaron. Pendientes del resultado del litigio abierto están los hermanos Lourido, que suspiran por que les dejen "cerrar para dejar de perder dinero", pero también la Xunta. No en vano, si se cumple el cronograma previsto, la futura Ciudad de la Justicia de Vigo abrirá sus puertas en 2020 con una única cafetería, la del antiguo Xeral, con un diseño del siglo pasado.

 

El arquitecto autor del proyecto de la Ciudad de la Justicia, Alfonso Penela, confirma a Efe que en todo momento se ha contemplado esta cafetería como la única que albergará el edificio, habida cuenta de que hay una concesión en vigor. De hecho, la construcción de otra cafetería no figuraba en el programa de necesidades del concurso de ideas convocado por la Xunta y que ganó su estudio. Penela aclara que en el anteproyecto incluyó, como "sugerencia", la ubicación de una nueva cafetería que diera a la nueva plaza pública que se habilitará junto a la Ciudad de la Justicia, pero para eso antes tendría que haber un acuerdo o una resolución judicial que ponga fin a este embrollo.

Atrapados en una cafetería fantasma por la burocracia