El juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra acogerá a partir de mañana el juicio contra la empresa Audasa, concesionaria de la autopista AP-9, que está acusada por la Fiscalía de prácticas abusivas por mantener el cobro íntegro del peaje durante las obras de ampliación del puente de Rande.
La Fiscalía de Pontevedra defenderá en la vista oral, que se celebrará durante dos días, los criterios expuestos en la demanda colectiva en defensa de los usuarios presentada en diciembre de 2018, que dio lugar a este procedimiento judicial.
El ministerio público entiende que, durante al menos tres años, entre el 27 de febrero de 2015 y junio de 2018, la ejecución de estas obras afectó de forma "relevante y constante" al tráfico en la autopista, especialmente en el entorno del puente. Esta situación, recuerda la Fiscalía, ocasionó que la fluidez de la circulación disminuyera y que aparecieran embotellamientos y retenciones "que se sucedieron de forma cotidiana".
A pesar de ello, Audasa mantuvo el cobro íntegro del peaje "en todo momento" e incluso lo incrementó el 1 de enero de 2018, periodo durante el cual se realizaron 77 millones de desplazamientos y se recaudaron unos 90 millones de euros por esa tasa.
El fiscal considera que la actuación de la compañía fue abusiva porque exigía la totalidad del peaje pese a tener "completa constancia" de que no podía prestar servicio a sus usuarios en "perfectas condiciones" de fluidez, velocidad y seguridad como vía de alta capacidad.
En el juicio, la Fiscalía pedirá al tribunal que declare nula esta práctica de cobrar íntegramente el peaje, sin "moderar o eliminar su importe" cuando no existan condiciones "suficientemente satisfactorias" de fluidez y seguridad del tráfico y que obligue a Audasa a abstenerse de volver a repetir este comportamiento en el futuro.
Además, reclama que se reintegre a los usuarios los importes de los peajes que hayan sido cobrados entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, con los intereses legales desde la fecha del pago de cada peaje y que la compañía abone una indemnización que ascendería al doble del importe del peaje.
Audasa, por su parte, intentó varias veces sin éxito que la demanda presentada contra ella se extendiera al Ministerio de Fomento y a la Demarcación de Carreteras del Estado, al entender que sus actuaciones estuvieron avaladas en todo momento por estos organismos públicos.
La compañía, en todo caso, alegó que la afección al tráfico durante estas obras era "ineludible", que respetó todas sus obligaciones y que no incumplió su contrato con los usuarios de la autopista, ya que estos optaron "libremente" por usarla "con pleno conocimiento" de estos trabajos y a pesar de haber una "vía alternativa" libre de peaje.
Ante el tribunal, a pesar de las peticiones de la Fiscalía y las asociaciones de afectados, no declarará ninguno de los usuarios perjudicados por el cobro de este peaje, por lo que previsiblemente los testimonios más destacados serán los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que trabajaron en la zona durante aquel período.
En el juicio también estará personada la Abogacía del Estado, hecho por el que ha alegado la Fiscalía, ya que considera que la causa se ciñe "estrictamente" al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios.
Esto determina, según el fiscal, que la Administración General del Estado "no pueda tener interés directo y legítimo en el pleito", más allá de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, posición que ya asume la Fiscalía Ante las críticas recibidas por este movimiento de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Transportes ha defendido que los informes que hayan podido elaborar los servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras así como sus posibles declaraciones responden "estrictamente" a juicios técnicos, "no encuadrándose en ninguna actitud política".
El departamento que dirige José Luis Ábalos ha insistido en que tampoco responden a una posible defensa de Audasa, pues están "completamente de acuerdo en que se le exijan responsabilidades" si ha obrado incumpliendo la normativa o sus obligaciones.
