El Juzgado de Menores número 1 de Pontevedra ha condenado a 80 horas de labores sociales a tres chicos nacidos en 1996, 1997 y 1998 por los disturbios que se produjeron durante la manifestación contra la LOMCE en Vigo el 20 de febrero de 2014, y de no aceptarlo, a ocho meses de tareas socio educativas.
Los delitos por los que se condena a estos tres menores son los de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad, lesiones y daños. Asimismo, el tribunal impone a sus padres, como responsables civiles, una indemnización solidaria por más de 7.700 euros a siete agentes de la Policía Autonómica personados en la causa que resultaron heridos a la conclusión de la manifestación frente a la delegación territorial de la Xunta en Vigo. Los exime, sin embargo, de pagar cantidad alguna por los daños materiales causados por la discrepancia entre las partes respecto a la cuantía de los mismos -no menores a los 3.700 euros- y si ésta está cubierta o no por la franquicia del seguro contratado por la Xunta.
El 20 de febrero de 2014, según recoge la sentencia, se produjo al final de la manifestación el lanzamiento de piedras, cascotes y botellas contra el edificio administrativo y contra los agentes que lo custodiaban. Estos resultaron heridos con contusiones en piernas, manos y alguno en la cabeza, y a uno de ellos le rompieron el móvil, valorado en unos 200 euros. Durante la vista, cuatro agentes que ese día actuaban de paisano identificaron a los tres menores acusados, "sin ninguna duda", como algunos de los que lanzaron objetos.
A través de las fotografías y vídeos aportados, el tribunal considera probado el "deseo común" de los acusados y otros manifestantes que se quedaron al final de la marcha de protesta, de atentar contra el orden público, "que va mucho más allá" de hacer notar su rechazo a la LOMCE. La sentencia no considera prueba de descargo el hecho de que en el vídeo no se vea a los tres acusados lanzar objetos al tratarse de planos parciales y no ofrecer la grabación "una visión completa de los hechos", así como por su falta de resolución o claridad en determinados momentos. Tampoco estima la prueba documental médica aportada por la defensa de uno de los acusados respecto a su minusvalía, pues ésta, argumenta el tribunal en su sentencia, no le imposibilita lanzar objetos.
